La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha señalado que su formación no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de reforma sanitaria, de igual forma que ya lo ha anunciado la Junta de Andalucía, porque a su juicio supone "una agresión" a los derechos constitucionales de los españoles, que podría vulnerar también las competencias autonómicas, de la que el portavoz en la materia del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, dice que "pocos" se van a librar.   

"No descartamos ningún tipo de decisión pero tiene que estudiarse de manera profunda cuáles son las repercusiones que este decreto va a tener", ha advertido la exministra de Sanidad en rueda de prensa en la Cámara baja.    

  Además, ha pedido al Gobierno que resuelva las dudas que ha generado dicho decreto sobré qué va a suceder con los jóvenes que cumplen los 27 años y no han cotizado, porque con esa edad quedan automáticamente excluidos de la unidad familiar y por ello, sin cobertura sanitaria, o con las mujeres que se han divorciado o separado y nunca han cotizado a la Seguridad Social.   

 Así las cosas, ha tachado de "absolutamente inaceptable" y de "extrema gravedad" este decreto porque "supone un cambio en el modelo de salud pública", consolidado en los últimos 30 años, que pasa a convertirse en uno de "aseguramiento", que no está orientado a sanear y hacer sostenible la sanidad sino el déficit público.

NO HA SIDO REDACTADO POR SANIDAD  

  Con ello, ha asegurado que este decreto no ha sido elaborado por técnicos y expertos del Ministerio de Sanidad --en referencia al Ministerio de Hacienda--, a pesar de "que traten de decir que sí", alega Trinidad Jiménez.  

  En este contexto, ha relatado que, conforme iba leyendo el texto del decreto ley se iba percatando de que era "imposible" que un Ministerio de Sanidad hubiera acordado esas medidas, de las que surgen muchas preguntas y, que entre otros puntos, se "pasa de copago farmaceútico al sanitario", donde entre otros elementos, va a haber que pagar por sillas de ruedas, transportes ambulatorios no urgentes o collarines.  

  "Las personas no las usan por capricho, que yo sepa, ¿no?", ha advertido, al mismo tiempo que ha avisado de que los ciudadanos están "inquietos" ante las "múltiples" preguntas que quedan en el aire con este decreto, como el  hecho de que queden fuera de la cobertura los medicamentos destinados a tratamientos menores, como puede ser el Paracetamol o el Ibuprofeno.  

  Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha criticado que antes se tenía derecho a la salud en España por el mero hecho de ser español, era un sistema "universal", y con este Gobierno del PP, para poder tenerlo, también hay que cotizar a la Seguridad Social.

UN FRAUDE PARA PENSIONISTAS

   De hecho, ha alertado de que las personas mayores con pensiones mínimas van a tener que adelantar un dinero al mes para pagar sus fármacos, que antes no lo hacían, y con ello muchos van a preferir automedicarse y perjudicar así su salud o prescindir de sus medicinas para no tener que gastar dinero o bien porque no llegan a fin de mes.   

 "Los pensionistas reciben un aumento del 1% de la pensión por decisión del Gobierno de Rajoy pero muchos de ellos les quitan el 4% pagando medicinas. Luego se lo devolverán pero de entrada se lo quitan", ha avisado.   

 En este sentido, ha animado a Mato a que verifique si realmente cuenta con el apoyo de 16 comunidades autónomas que, según ha dicho, así lo certifican. "No vaya a ser que la ministra esté contando mal y esté el pacto sólo con su propio partido", ha indicado.   

 Después de la aprobación de este decreto de reforma sanitaria, Martínez Olmos ha lamentado que se sitúe al frente del Ministerio de Sanidad una responsable cuya ética política se justifica en dejar sin tratamiento a personas, como a los inmigrantes ilegales.   

En su opinión, "una ministra de Sanidad es responsable de asegurar la sanidad a todos" y, vaticina a suponer a su vez un "antes y un después" en la Sanidad española.