Así lo ha dejado claro el portavoz del partido, Oscar Puente, en rueda de prensa para informar de la reunión de la Comisión Ejecutiva permanente del PSOE, presidida por Pedro Sánchez. El líder del partido ha vuelto a conversar en la mañana de este lunes con Rajoy, que ha dado de plazo a Puigdemont hasta las 10.00 horas de este jueves para evitar la aplicación del 155, nunca usado antes y que permitiría al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para forzar a las autoridades catalanas al cumplimiento de la ley.

Si antes de que venza este nuevo plazo, Puigdemont no dice de manera clara que no ha declarado la independencia, el Gobierno, con el apoyo del PSOE, aplicará el 155. Puente ha defendido esta vía como la única salida posible para "recuperar el autogobierno catalán en el corto, medio y largo plazo". "Nuestra forma de entender la aplicación del 155 es que sirva para reconstruir el autogobierno de Cataluña, que han suspendido de facto sus actuales gobernantes", ha insistido.

Los socialistas defienden recurrir al 155 para poder convocar elecciones en Cataluña, una competencia que el Estatut reserva en exclusiva al presidente de la Generalitat, a quien habría por tanto que sustituir. Es más, Puente también ha señalado que el Estado "no podría permitir" que Puigdemont convocara unas elecciones constituyentes en Cataluña.

Así las cosas, fuentes de la dirección del PSOE estiman que la vigencia del 155 en Cataluña tendría que ir más allá de los 54 días que prevé la ley desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración.

En todo caso, Puente ha subrayado que, si finalmente se aplica el 155, las medidas concretas que se pongan en marcha y sus plazos estarán pactados entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. A más tardar, se conocerían entre este jueves y viernes, cuando las aprobaría el Gobierno en Consejo de Ministros, en función de la respuesta qué de Puigdemont.

Pese a que se le ha preguntado de forma reiterada, ha evitado avanzar cuáles serían esas medidas, pero sí ha apuntado que este precepto constitucional no permite suspender la autonomía, pero sí sus "órganos de gobierno y sustituirlos por otros".

LA RESPUESTA DE PUIGDEMONT, "INADMISIBLE"

El portavoz ha advertido a Puigdemont de que aún "tiene en su mano" impedir la aplicación del 155 si rectifica su actitud. En opinión del PSOE, la respuesta que ha dado este lunes al Gobierno, evitando aclarar si declaró o no la independencia la semana pasada, es "inadmisible" por parte de una autoridad que habitualmente hace requerimientos de todo tipo a otros poderes del Estado y a los propios ciudadanos.

De la carta de respuesta de Puigdemont, Puente ha denunciado también que se refiera a procedimientos judiciales en curso como si se tratara de operaciones políticas. El portavoz ha recordado a Puigdemont que en un país democrático como es España el poder judicial es independiente y "sigue su propio camino".

Respecto a la petición que Puigdemont le hace a Rajoy para abrir un diálogo de dos meses, Puente se ha limitado a señalar que el PSOE no tendría inconveniente en que ambos mantuvieran un encuentro antes de este jueves, pero ha subrayado que para poder iniciar una negociación que desemboque en una salida al conflicto, Puigdemont debe volver antes a la legalidad y exponer sus planteamientos en el Congreso de los Diputados, donde se han constituido ya "cauces" para estudiar cambios en el modelo territorial español.

Si Puigdemont retorna a la legalidad, ha insistido, hay una posibilidad de dialogar que "no se debería desaprovechar", en palabras de Puente. Pero ahora lo que está proponiendo Puigdemont, en opinión del PSOE, es "un monólogo sobre cuándo se va Cataluña de España y eso no es admisible".

Puente también ha advertido a Puigdemont de que no puede contraponer la legitimidad del resultado del referéndum del 1 de octubre, en el que supuestamente el 38% del censo votó a favor de la independencia -la consulta no cumplió los estándares mínimos de garantías democráticas, con personas pudiendo votar varias veces-- con la legitimidad que tiene la Constitución de 1978, avalada en un referéndum legal por el 62 por ciento de los catalanes.