Lunes, 25 de noviembre de 2024
La FEMP acepta la propuesta del Gobierno para reformar el impuesto sobre plusvalías y reclama un fondo de compensación
El PSOE propone lograr 2.745 millones para pensiones con impuestos a la banca y transacciones y destope de cotizaciones
El PSOE tiene un plan para obtener 2.745 millones de euros en forma de nuevos ingresos con los que financiar las pensiones. Se obtendrían creando dos nuevos impuestos que afectarían a la banca y las grandes empresas, pero también aumentando las cotizaciones a la Seguridad Social de las rentas superiores a los 45.000 euros brutos anuales, han detallado a Europa Press fuentes de la dirección socialista.
Estas dos nuevas tasas que se dedicarían en exclusiva al pago de las pensiones las ha anunciado este martes en un desayuno informativo el secretario general del partido, Pedro Sánchez, que ve "justo" que la banca, rescatada con dinero público durante la crisis, contribuya ahora al sostenimiento del sistema público de pensiones.
La idea que barajan los socialistas es establecer para la banca un "impuesto paralelo" al de Sociedades, que estiman en principio con un tipo del 8% sobre la misma base imponible que el impuesto de sociedades, según las mismas fuentes, que calculan que con esta medida podrían recaudar entre 800 a 1.000 millones de euros.
El PSOE recuerda que una iniciativa similar se ha puesto en marcha en el Reino Unido, mientras que los socialistas quieren emular a Francia implantando en España una tasa a las transacciones financieras de empresas con una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de euros.
Eso sí, la medida que plantean los socialistas es menos ambiciosa que la francesa, pues piensan en un gravamen del 0,1 por ciento, cuando en Francia alcanza el 0,3 por ciento. Los ingresos que aportaría esta tasa generarían otros 800 a 1.000 millones de euros anuales. Es decir, con los dos nuevos impuestos podrían obtenerse hasta 2.000 millones de euros al año.
Los otros 745 millones de euros restantes que prevén generar en forma de nuevos ingresos procederían probablemente de aumentar el umbral del tope máximo de cotización a la Seguridad Social para los trabajadores que ganen más de 45.000 euros brutos anuales. La idea que tienen en mente los socialistas sería elevar el tope hasta los 60.000 euros anuales, frente a los 45.000 euros actuales. Los trabajadores que ganen más de 60.000 euros anuales no cotizarían por la cantidad que supere ese salario.
El plan elaborado por el PSOE para reequilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, que tendrá un déficit estimado en 2018 de en torno a 15.000 millones de euros, calcula que se podrían generar otros 8.000 millones de euros en forma de ingresos con el pacto para elevar los salarios que plantean los socialistas y el mero aumento de las cotizaciones por la creación de empleo prevista.
Y es que el PSOE cree que en torno a un 30 por ciento de los ingresos para equilibrar las cuentas debería proceder de una "política de creación de empleo basada en salarios decentes, de modo que el aumento de la cotización media (naturalmente complementada por el aumento del número
de cotizantes) sea una parte crucial del reequilibrio a lograr".
Las cuentas cuadrarían, según las previsiones de los socialistas, si se reduce en 4.347,83 millones de euros los gastos de la Seguridad Social, dejando de hacer frente a "gastos que no debe".
Se refieren los socialistas a gastos como las "tarifas planas" y demás reducciones de cotizaciones procedentes de las políticas activas de empleo, que deberían financiarse en su opinión por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, así como los gastos de personal, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión de los Organismos de la Seguridad Social, que también deberían financiarse con los PGE.
La propuesta que defiende el PSOE para sostener el sistema público de pensiones pasa por reequilibrar el presupuesto de la Seguridad Social racionalizando gastos, pero no a costa de que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.
A diferencia del PP, al que el PSOE acusa de equilibrar el sistema "recortando gradualmente los gastos en pensiones contributivas", los socialistas ven viable volver a la fórmula que actualizaba las pensiones en función del IPC, para evitar precisamente la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
A pesar de que el PSOE explica en un documento que estas medidas son para ejecutar en el corto plazo, no descarta que éstas u otras similares sigan siendo necesarias "en el medio plazo".
Argumenta, en este sentido, que a partir de 2023 probablemente el ajuste deberá continuar por la existencia de un nuevo desequilibrio: el ocasionado por la entrada creciente como pensionistas de las cohortes del "baby boom". "Solamente a partir de 2050 se volverá a equilibrar el sistema y hasta entonces, probablemente, deberemos inyectar recursos complementarios", sostiene el informe socialista.
La Junta de Gobierno Extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha respaldado por unanimidad este martes la propuesta del Gobierno para reformar el impuesto sobre plusvalías, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que agilice la entrada en vigor de esta reforma para "dar garantías jurídicas". La FEMP acepta así la modificación del impuesto en base a la propuesta del Gobierno, aunque planteará la creación de un fondo específico para compensar a los ayuntamientos que hasta ahora gestionaban el impuesto.
Desde la Junta de Gobierno de la Federación, convocada de forma extraordinaria por su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, defienden que la reforma tiene que acometerse con celeridad para "despejar la inseguridad jurídica creada". Si bien apuntan que debe ser "ampliada y precisada" posteriormente en el marco de la nueva financiación local que tiene pendiente Gobierno, una nueva fórmula que Caballero ha reclamado en repetidas ocasiones que se negocie "en paralelo" con la financiación autonómica.
"Entiende la Junta de Gobierno que esta modificación es puntual toda vez que deberá regularse en profundidad en la nueva ley de financiación local", ha señalado la FEMP en un comunicado. Según informa, esta propuesta ahora acordada por unanimidad ha sido elaborada por Hacienda de acuerdo con la propia FEMP.
En los últimos meses el Gobierno y la Federación han discutido cuestiones técnicas sobre la fórmula de coeficientes a aplicar para determinar si la venta de un inmueble genera plusvalías. Abel Caballero ha venido defendiendo que la reforma tenga "vocación de unanimidad" y pueda recabar el mayor número de adhesiones cuando sea discutida en el Congreso de los Diputados.
Además, la Federación que aúna a las entidades locales españolas plantea la creación de un fondo de compensación a través de una enmienda al texto propuesto por el Gobierno que contemple la "merma" que pueda ocasionar en los ayuntamientos la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que el pasado mes de mayo declaró inconstitucional y anuló parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
La FEMP anunció ya a finales de año que buscaría una fórmula de compensación para los ayuntamientos que a la fecha de publicación de la sentencia estuvieran gestionando el impuesto, por la pérdida global de recaudación derivada de la aplicación de la sentencia.
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