El PSOE propone en su documento de modelo federal del Estado que los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las comunidades autónomas sean última instancia jurisdiccional en lugar del Tribunal Supremo, planteamiento que el Tribunal Constitucional (TC) anuló en su sentencia sobre el Estatuto catalán.

   En concreto, los socialistas sugieren que "los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales deban culminar en los tribunales superiores de justicia de cada comunidad y no en el Tribunal Supremo".

   Es más, explican que "el Artículo 152 de la Constitución ya mandata que los TSJ "culminen la sucesión de instancias" en el territorio de cada comunidad, lo que equivale a que el Supremo sea Tribunal de Casación (unificación de doctrina) y no segunda o tercera instancia (revisión de los hechos probados y de la interpretación de la Ley aplicable)".  

  Sin embargo, en su sentencia del Estatut en 2010 el Tribunal Constitucional aclaraba que la redacción del artículo 95 de la norma autonómica sobre las competencias del TSJC "no atribuye" a este tribunal "el conocimiento de todos los posibles recursos tramitados en su territorio ni hace de ella la última instancia de todos los procesos en todo caso".

DESCONCENTRAR DECISIONES EN LOS TSJ

   Los socialistas también consideran que "puede ser conveniente una cierta territorialización del sistema del Poder Judicial (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado), desconcentrando en las salas de gobierno de los TSJ "determinadas deliberaciones y decisiones que no afectan al núcleo fundamental de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".  

  Estos son parte de los acuerdos que han alcanzado este sábado en el Consejo Territorial de Granada los secretarios generales de las distintas federaciones del PSOE, así como el PSC, con la dirección federal de Ferraz y que han plasmado en el documento de propuesta de reforma federal de la Constitución titulado "Hacia una estructura federal del Estado".

   En este texto, de 24 páginas, los socialistas consideran necesario reformar el control constitucional de los estatutos de autonomía, haciéndolo con carácter preventivo, pero eso sí, con una regulación específica. Así, se trataría de limitar los plazos de modo que, una vez aprobado el Estatuto por las Cortes Generales, se abriría un período de tres meses para su impugnación ante el Constitucional.

   Si ésta se formalizara, el Alto Tribunal debería resolver el recurso en el plazo máximo de seis meses y sólo se sometería a referéndum el texto, una vez producida la sentencia del Tribunal Constitucional y corregido, en su caso, el texto estatutario.

IMPORTANCIA CULTURAL Y POLÍTICA DE LAS LENGUAS

    En otro orden de cosas, el documento del PSOE dedica varios epígrafes a clarificar los "hechos diferenciales" de las comunidades que, a su juicio, deben quedar recogidos en la Constitución. Uno de ellos, según considera, son las lenguas propias de los territorios.

   Para el PSOE, "la importancia cultural y política de esta singularidad aconseja reforzar el poder autonómico de estas comunidades en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia", y consideran que el Estado debe asumir plenamente este "rasgo institucional y signo de riqueza cultural y social".

    Por otro lado, los socialistas dejan reflejado en su documento territorial el "reconocimiento constitucional expreso del principio de participación, que supone la intervención de las comunidades en las decisiones del Estado que puedan afectarles y su capacidad de influir en el nombramiento de órganos o instituciones comunes".   

 También en el ámbito de la política exterior ven necesaria una mayor participación de las autonomías, concretamente promoviendo un espacio de "cooperación y participación", siempre en un "clima de lealtad mutua". Para ello se sugiere la creación de una conferencia sectorial de política exterior en el Ministerio.

 MODELO DE FINANCIACIÓN ALEMÁN   

En el capítulo dedicado a financiación, los socialistas plantean la necesidad de precisar en la Constitución un modelo y una regulación de la financiación autonómica para "dotar a la misma de verdaderas reglas sobre el reparto de las competencias financieras y de los recursos entre el Estado y comunidades".  

  Así pues, creen que, en cuanto al modelo de financiación, sería "aconsejable tomar como referencia el federalismo alemán y aplicar el principio de ordinalidad en los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional según la cual no se coloque en "peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia".

   Por otra parte, ven necesario que la Constitución precise las competencias normativas y de gestión que tienen las comunidades sobre los impuestos, así como el modo de repartir su recaudación entre éstas y el Estado, e incluir para las autonomías el doble listado de impuestos cedidos total y parcialmente; eso sí, consagrándose el carácter exclusivamente federal del impuesto sobre sociedades.

CORRESPONSABILIZACIÓN DEL GASTO   

 El PSOE también considera "conveniente" mencionar en la Constitución el "poder normativo de las comunidades en materia de impuestos, atribuirles la gestión de sus tributos y de los totalmente cedidos, así como la necesaria participación en la de los parcialmente cedidos". "Esto -afirma en el documento-- contribuirá a la corresponsabilización en el gasto".

    En este punto propone una "homogeneización en la imposición sobre sucesiones y donaciones para evitar la competencia a la baja entre comunidades y su progresiva desfiscalización", además de "establecer un suelo homogéneo en todo el territorio".  

  Respecto al impuesto sobre el patrimonio, apuesta por sustituirlo por un nuevo tributo que integre en el IRPF, a partir de un mínimo exento, la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial, independientemente de donde esté invertida".