El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta para imponer sanciones contra el Banco Central de Irán, a pesar de que expertos han advertido al Gobierno de que esta decisión podría lastrar la recuperación económica mundial, para forzar al país persa a abandonar su programa nuclear.

   Los cien senadores han respaldado la enmienda presentada por sus colegas Robert Menéndez, demócrata, y Mark Kirk, republicano, a un proyecto de Defensa, que también ha sido aprobado, para sancionar a los bancos internacionales que hayan realizado "importantes transacciones financieras con el Banco Central de Irán".  

  Estados Unidos ya ha prohibido a sus bancos e individuos realizar transacciones financieras con los bancos iraníes, por lo que el objetivo de la medida sería impedir que bancos de otros países lo hagan, bajo la amenaza de ser expulsados del sistema financiero estadounidense.   

"Nosotros pretendemos romper al intermediario financiero estable entre los contratos petroleros iraníes y el mundo exterior", ha dicho Kirk, al tiempo que ha explicado que con ello "será más fácil comprar petróleo en otro país", porque el Banco Central es el principal canal financiero del sector petroquímico iraní.   

 La enmienda se ha aprobado en contra de la opinión de varios funcionarios que han aconsejado al Gobierno de Estados Unidos evitar las sanciones directas contra el Banco Central de Irán porque podría propiciar una subida del precio del petróleo que lastraría la recuperación económica mundial.  

  En respuesta a esta preocupación, la enmienda contiene una "excepción" que permite al presidente estadounidense, Barack Obama, suspender las sanciones si considera que es necesario para garantizar la seguridad nacional.  

  Si bien, el texto todavía debe pasar el trámite en la Cámara de Representantes y, en última instancia, ser sancionado por el presidente, que podría negarse a estampar su rúbrica en la enmienda, a pesar de su aprobación en el Congreso.  

  Una vez aprobada y sancionada, la medida no entraría en vigor hasta seis meses después, lo que permitiría a la industria petrolera mundial prepararse de cara a una crisis por la subida del precio de este combustible.

   Esta sanción se sumaría a las impuestas la semana pasada por el Gobierno contra los sectores petroquímico, financiero y bancario iraníes, en las que no apuntó de forma directa contra el Banco Central del país persa.

   En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, ha defendido este tipo de actuación. "El Gobierno respalda el aumento de la presión contra Irán", ha afirmado, aunque ha matizado que "eso incluye sanciones debidamente diseñadas y apropiadamente coordinadas como parte de una política aplicada de forma paulatina para lograr que Irán cumpla sus obligaciones".   

 En la misma línea se ha expresado el subsecretario del Departamento del Tesoro, David Cohen. "Nuestra opinión es que el mejor camino a seguir en este momento es no aplicar un mecanismo que ponga en riesgo a las instituciones financieras más grandes y bancos centrales de nuestros aliados más cercanos", ha apuntado.