Tras meses de intensas negociaciones, PSOE y PP lograron el pasado septiembre alcanzar un acuerdo para la elección de Francisco José Hernando, Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez como magistrados del Tribunal Constitucional que deben sustituir a otros cuatro que llevan con el mandato caducado ya tres años, entre los que se encuentra la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas.  

  En la votación celebrada este miércoles los cuatro candidatos han logrado superar los 158 votos imprescindibles para su elección, aunque no todos ellos han recibido el mismo apoyo.

Adela Azúa es la que más apoyos ha conseguido con 226 votos, seguida por Luis Ignacio Ortega con 223 y Francisco Pérez de los Cobos con 221. Por su parte, Francisco José Hernando ha sido el que menos apoyos ha recabado y se ha quedado con 204 votos. Además, ha habido 14 votos en blanco y 5 nulos.  

  Los senadores de CiU han optado por el voto en blanco y no han marcado ninguno de los cuatro nombres escritos en la papeleta como un gesto de protesta por la ausencia de alguno de los candidatos propuestos por el Parlamento de Cataluña.

Por su parte, ERC ha decidido escribir el nombre de los dos candidatos propuestos por el Parlamento catalán, por lo que su voto ha sido considerado nulo. Además, los senadores de ICV --Jordi Guillot y Joan Josep Nuet-- han apoyado solamente a Adela Azúa y Luis Ignacio Ortega por entender que son los únicos candidatos que proceden de propuestas independientes de parlamentos autonómicos.

   La votación se ha realizado en urna y de forma nominal, de manera que los miembros de la Mesa de la Cámara han ido llamando a los senadores uno por uno para que se levantaran y depositaran su papeleta con los nombres elegidos, lo que ha hecho que la votación se alargara hasta veinte minutos y otros tantos el recuento de votos.

COINCIDENCIA CON EL CONGRESO

   El retraso del Senado para la designación de sus candidatos ha provocado que el proceso haya coincidido con el que ahora está llevando el Congreso para renovar también a sus correspondientes magistrados, lo que provocó una reforma legislativa para evitar que las sucesivas renovaciones vuelvan a coincidir y cumplir así con el mandato constitucional de renovar el alto tribunal por tercios cada tres años.  

  La votación final del Senado se previó en principio para el pasado 17 de noviembre, pero la Cámara la retrasó para dar tiempo precisamente al Congreso a elegir a sus cuatro jueces y que, una vez renovados los ocho magistrados, el Tribunal eligiera la nueva presidencia. Pero el Congreso no está avanzando y el Senado ha decidido terminar ya esta semana los trámites.