El informe recoge un total de 31 recomendaciones organizadas en tres bloques que aspiran a modificar la normativa de protección y el modelo de gestión de las adopciones o acogimientos, el respeto por el interés superior del menor y las medidas de protección que se utilizan actualmente, tanto para mejorar y garantizar el bienestar del niño y la familia adoptante como para promover la agilidad, eficacia y coordinación de todos los procedimientos.   

  Así, el Senado recomienda que el acogimiento residencial se suprima en los casos de niños entre 0 y 6 años y se considere "subsidiario" en el resto de las edades para dar prioridad legislativamente al acogimiento familiar. En este sentido, pide para los acogedores "los mismos beneficios" que tienen las familias numerosas y que se reconozca el "acogimiento profesionalizado", es decir, el de "aquellas familias que hacen del acogimiento su principal actividad profesional y perciben por ello una remuneración económica".  

  En este sentido, se pide también que se impulse a nivel nacional el acogimiento de urgencia, especialmente en los bebés menores de tres años, creando una "bolsa" de acogedores de todo el territorio nacional coordinada entre las comunidades autónomas y tras un "cuidadoso" sistema de formación, valoración y apoyo a estas "familias de urgencia". Además, recomienda que el procedimiento de acogida se realice sólo por vía administrativa.

   Sobre las adopciones, el Senado insta a unificar criterios entre los sistemas de adopción nacional e internacional, suprimir la necesidad de asentimiento de los padres biológicos cuando un juez les haya retirado la custodia y establecer su comparecencia obligatoria en el momento administrativo de la separación definitiva del niño. También se solicita en este aspecto coordinación de las comunidades autónomas, a fin de que el niño no resida con los padres adoptantes cerca de la vivienda de los padres biológicos.   

En cuanto al interés superior del menor, la primera recomendación del Senado es una redefinición de esta expresión para que "deje de ser un concepto jurídico indeterminado", unificar en todo el Estado los conceptos de "riesgo, desamparo y patria potestad" y que la Administración tenga que instar la privación de patria potestad cuando esté claro que el niño no podrá volver con su familia biológica porque se han cronificado los motivos que llevaron al desamparo del menor.  

  Asimismo, la Comisión recomienda "redefinir el concepto de patria potestad para introducir el concepto de responsabilidad parental, fijando criterios de privación que vengan a solventar la Jurisprudencia contradictoria hasta la fecha, estableciendo como causa expresa de privación aparejada a la pena, la condena firme por abusos sexuales o maltrato físico o psíquico de menores, así como la violencia familiar o machista, de la que el menor es víctima directa o indirecta".

   Sobre este asunto, incorpora además la petición expresa de que se establezca la situación de desamparo cuando un recién nacido sin familiares que se ocupen de él padezca alguna enfermedad o lesión derivada del comportamiento de la madre durante la gestación, así como fijar protocolos de actuación ante casos de posible maltrato prenatal para garantizar que el bebé quedará "debidamente asistido cuando se llegue a verificar el nacimiento".  

  Para poder aplicar estas recomendaciones, la Comisión quiere una modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil que indique que no caben medidas cautelares en este tipo de procedimientos, que no cabe la ejecución provicional, que no se puede suspender la medida de protección hasta que se resuelve definitivamente la oposición a la misma y que es incompatible la preadopción de un niño con las visitas de su familia biológica.   

ACCEDER A LA ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

   Por último, en cuanto a la normativa y el modelo actual de gestión, el Senado insta a crear en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad un registro centralizado accesible para las comunidades autónomas con un listado común de familias pendientes de participar en procesos de acogimiento o adopción que ya tengan aprobada la idoneidad.  

  La Comisión recomienda también que se transfiera a los ayuntamientos la competencia para detectar situaciones de riesgo en su ámbito municipal y que se refuercen el Observatorio de la Infancia y la Comisión Interautonómica de técnicos, a la que se habrá de encomendar un protocolo de unificación de datos sobre medidas de protección de la infancia.   

Asimismo, apuesta por armonizar la normativa, permitir que los solicitantes de adopción puedan optar simultáneamente a la adopción nacional e internacional, garantizar que la tramitación judicial de estos asuntos se realiza con "carácter de preferencia" con un tope de dos meses para las impugnaciones y de tres meses desde la presentación de la propuesta para dictar el auto que acuerda la adopción, entre otras medidas.