Martes, 14 de mayo de 2024

El nombre clave de Corinna era Ingrid

El Sindicato Unificado de Policía dice que Corinna tenía escolta oficial en España y que el CNI le daba protección

El secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, ha asegurado que la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein contó con escolta oficial durante el periodo de tiempo que vivió en España y que recibía protección por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).   

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de este sindicato policial ha relatado que "el CNI le daba protección" y que "tenía escolta". Ha citado informaciones periodísticas para precisar que se trataba de guardias civiles adscritos a Defensa.   

Según dice, "cuando se trata de proteger personalidades nunca se dice su nombre, sino que se usa una especie de palabra clave o nombre figurado" que en el caso de la princesa Corinna era "Ingrid".

SERVICIOS SEGURIDAD EN EL PARDO

   Benito ha precisado que durante su estancia en España esta mujer vivió en Madrid. El portavoz del SUP no ha especificado dónde tenía fijada su residencia, aunque ha relatado que "los servicios de seguridad prestaron servicio en El Pardo en varias ocasiones".

   La princesa Corinna ha desvelado en varias entrevistas concedidas en los últimos días a los medios de comunicación que realizó varios trabajos para el Gobierno de España en sus labores de relaciones públicas, extremo que fue negado el pasado viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.   

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, comparecerá en el Congreso el próximo 19 de marzo para informar del caso del espionaje en Cataluña y de los trabajos "delicados" que la princesa Corinna asegura haber hecho por encargo de los Gobiernos de España.  

  Como es habitual, la comparecencia tendrá carácter secreto y se desarrollará ante la Comisión de Gastos Reservados, que es la que se ocupa de controlar al CNI y de la que forman parte los diputados (uno por grupo) autorizados por el Pleno del Congreso para conocer materias clasificadas.


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