Lunes, 13 de mayo de 2024

Operación Campeón contra la corrupción

El Supremo interroga al empresario que implicó a Blanco en el "caso Campeón

   El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano tomará declaración este martes a Jorge Dorribo, el empresario que denunció al ex ministro de Fomento José Blanco por su presunta implicación en la denominada operación Campeón, en la que se investiga una supuesta trama de fraude en la obtención de ayudas públicas. Un día después está citado el primo político del ex mandatario, Manuel Bran.   

 A diferencia de lo ocurrido el día de la declaración de Blanco ante el Supremo, el pasado 26 de enero, en esta ocasión las diferentes partes tendrán acceso al contenido de nuevos documentos después de el magistrado haya accedido a levantar parcialmente el secreto sobre algunas actuaciones.  

  Concretamente, y para preparar los interrogatorios de la próxima semana, tanto la defensa del ex ministro -que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda- como el abogado de Dorribo, Ignacio Peláez, han tenido acceso al acta de declaración de Blanco del pasado día 26 y a una parte más amplia de las declaraciones que realizó el empresario farmacéutico inculpando a Blanco ante la juez de Instrucción número 3 de Lugo, que es la que investiga el "caso Campeón".   

 Además, se ha levantado el secreto sobre una conclusión concreta de un informe pericial que vendría a desmontar parte de las acusaciones realizadas por el empresario farmacéutico contra el ex ministro del PSOE.

INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA   

 Así, Soriano ha permitido a todas las partes personadas acceder al apartado octavo de un informe pericial de la Agencia Tributaria que concluye que, de forma contraria a lo que aseguró ante la juez de Lugo, Dorribo no obtuvo de sus cuentas bancarias en Andorra los 200.000 euros que dice que en febrero de 2011 entregó a Blanco, a través de su primo, en una gasolinera de Guitiriz (Lugo).   

 Según la investigación, en la fecha señalada el empresario realizó, junto con otras entregas de dinero, una transferencia por valor de 15.000 euros desde dichas cuentas en Andorra a la cuenta de la sociedad Salut D Innovació, "para poder levantar la quiebra que pesaba sobre la farmacéutica Elisa Muxel Mollins, en cumplimiento del contrato firmado por ella". También realizó diferentes pagos en efectivo a su colaborador Xoan Bazarra para que los ingresara en dicha sociedad.  

  La conclusión de esta pericia es que la operación "es ajena e independiente del supuesto pago efectuado en España, según su declaración (del empresario ante la juez de Lugo), que de ser cierta supondría que Jorge Dorribo Guide, además de los fondos entregados Xoan Bazarra (...) y que ascendían en esas fechas a 226.000 euros, contaba con otros fondos en efectivo adicionales por el importe del supuesto pago" a Blanco.

 PERICIA POSTERIOR A LA EXPOSICIÓN MOTIVADA  

  Según destaca en su escrito ante el juez Soriano el fiscal del Supremo adscrito al caso, Manuel Jesús Dolz Lago, el resultado de esta pericia, realizada por la Unidad de Peritaje Judicial e Informático de la Agencia Tributaria, estaba pendiente de ser entregado a la juez de Lugo Estela San José antes de que ésta elevara exposición razonada al Tribunal Supremo respecto de la posible implicación del ex ministro en delitos de tráfico de influencias y cohecho.   

 El ex ministro de Fomento José Blanco reconoció ante el Tribunal Supremo el pasado día 26, durante su declaración como imputado en relación con la Operación Campeón, que podría haber utilizado la expresión de "que lo miraría" durante un encuentro que mantuvo con el empresario de transportes José Antonio Orozco, que estaba interesado en la obtención de un permiso para la recogida de medicamentos en viviendas, si bien esta es la frase que "utiliza habitualmente" en sus encuentros con empresarios y no hizo gestión alguna al respecto con el Ministerio de Sanidad.  

  A lo largo de su declaración en el Supremo, Blanco niega haber realizado ningún tipo de gestión, haber presionado ni condicionado en relación con los intereses de Dorribo, aunque sí reconoce haber preguntado a su jefe de Gabinete sobre el estado de un expediente administrativo sobre ampliación de infraestructuras en Cataluña sobre el que le preguntó Orozco. También  declaró que trasladó al secretario de Estado las dificultades de las que le habló este empresario en relación con unas naves en Sant Boi (Barcelona).   

 Bran, según la denuncia realizada por el empresario farmacéutico Dorribo, habría actuado como intermediario del ex ministro en el cobro de determinadas cantidades en pago de sus gestiones ante diferentes organismos públicos.

 INVESTIGACION DE COBROS ILEGALES  

  En el marco de la Operación Campeón sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas al menos 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.   

 En sus declaraciones ante la juez de Lugo, Dorribo habría a Blanco en distintas declaraciones de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.   

 El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.  

  Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al exministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.   

 En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al exministro por un posible delito de tráfico de influencias y otro de cohecho derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.


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