En una providencia de este jueves, la Sala Segunda del Tribunal Supremo señala que han recibido la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón, y ahora pide a la Fiscalía que informe sobre su competencia y sobre si existen indicios para comenzar a investigar a los aforados.

Asimismo, se designa ponente, sobre la apertura o no de la causa, al magistrado Andrés Palomo del Arco. Esta Sala de Admisión está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

Coincide que cuatro de estos magistrados juzgaron el proceso independentista de Cataluña, y otro fue el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás. Ahora decidirán si investigan al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en relación al robo de la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía.

LA PROVIDENCIA EN 24 HORAS

Este movimiento de la Sala del Supremo se produce 24 horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordara elevar una exposición razonada para solicitar que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la 'pieza Dina'.

La exposición razonada incluye también a la exdirectora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia ex asesora Dina Bousselham y a quien fuera pareja de ésta Ricardo Sa Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

En caso de que el Supremo acepte finalmente abrir una causa para investigar la implicación de Iglesias, le ofrecerá la posibilidad de declarar voluntariamente, tal y como marca la ley para todo los aforados. Si Iglesias rechazara tal posibilidad, el magistrado al que se le designe la instrucción podrá proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal que curse el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder interrogarle formalmente.

El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.

DEVOLVIÓ LA TARJETA "INOPERATIVA"

Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. "Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento", afirma el magistrado.

Asimismo, indicaba en el escrito que en julio de 2016 un medio de comunicación publicó durante varios días noticias acompañadas de las imágenes procedentes del dispositivo de Bousselham y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El juez subraya que Iglesias en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.

En este sentido, afirma que con la única finalidad de desprestigiar a ese medio de comunicación, y a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, instó a "los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de simular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015".

De este modo, el magistrado relataba que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos" y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.

Iglesias no concibe ni como mera hipótesis

la imputación en el caso Dina: "Es imposible,

no va a ocurrir"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que no concibe "ni como mera hipótesis" el que pueda ser imputado en la pieza Dina y porque "todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo

"Es absolutamente imposible, no va a ocurrir", ha sentenciado en declaraciones a Rac 1, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre si el Tribunal Supremo pudiera acceder a la petición del juez Manuel García Castellón para que se le investigue por delitos, como presunta denuncia falsa en este caso.

En este sentido, ha asegurado que sería "inconcebible" que en una democracia como la española, donde han ocurrido "cosas graves" pueda acabar como investigado en esta pieza, dado que es víctima, algo acreditado judicialmente por la propia Audiencia Nacional, y no hay ninguna prueba que sustente la solicitud del juez.

Lo contrario, ha insistido, sería una "vulneración de derecho sin parangón" para enfatizar que en España "todavía no han condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas".

APOYO DE SÁNCHEZ

Por tanto, interpreta que el Supremo rechazará investigarle porque "todo el mundo puede leer" el escrito de exposición razonada del juez al alto tribunal en este "caso de espionaje. "Básicamente lo que se está planteando es que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron. Inconcebible", ha remachado.

Además, ya ha mantenido una conversación privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que le manifestó, sin entrar en detalle, su apoyo y que esté tranquilo. "El presidente es consciente de lo que está pasando y pasó ayer", ha zanjado.

El vicepresidente ha relatado que en la pieza 'Dina' los hechos "están ahí" y son "evidentes", que es el robo del teléfono móvil de su exasesora, que el contenido del teléfono móvil apare en un ordenador del antiguo comisario José Manuel Villarejo y su contenido luego es filtrado a determinados medios.

Por todo ello, Iglesias también ha subrayado que su formación sufre desde hace año una "persecución" y maniobras de las "cloacas" para evitar que pudieran conformar una coalición de Gobierno. Además, ha lamentado que pese a que se archivan todas las querellas, se genera un "relato" que, junto a "fake news", perjudica al partido.

ACUSA A LA DERECHA DE "UTILIZAR TODO" CONTRA EL

GOBIERNO

Además, el vicepresidente del Gobierno ha puesto de manifiesto que la derecha está dispuesta a utilizar "todos tipos de medios, legales e ilegales, legítimo o ilegítimos" para tratar de hacer caer al Gobierno.

Preguntado sobre si todo esto supone un golpismo constitucional, como ha manifestado su compañero de partido Jaume Assens, el líder de Podemos ha respondido que no va a poner calificativos pero ha añadido que las evidencias "están ahí", con los portavoces del bloque de la derecha se afanan en repetir que se está ante un gobierno "ilegítimo" y no aceptaron el resultado de las urnas.

Sobre la coincidencia de que el juez García Castellón sea el mismo magistrado que instruye la operación 'Kitchen', Iglesias ha recordado que también se encarga de la pieza sobre la examiga del rey Corinna Larssen. "No voy a hacer comentarios al respecto, qué casualidad", ha deslizado Iglesias.

Cuestionado sobre si estamentos judiciales quieren 'mover la silla al Gobierno', Iglesias ha señalado que debe ser "enormemente prudente con esto" y ha parafraseado un artículo de Guillem Martínez para decir que los jueces tienen derecho a gritar 'viva el Rey' pero se "preguntaba si era conveniente que lo hagan".

"Quizás, cuando en el Estado hay un debate sobre la monarquía, escuchar a algunos miembros del poder judicial escuchar 'viva el Rey' pueda ser interpretado por algunos ciudadanos como un mensaje político hacia los republicanos. Y creo que todos los demócratas estaremos de acuerdo en que una democracia que hay separación de poderes no es conveniente que ningún juez emita mensajes políticos a quien piensa diferente", ha apostillado.