Viernes, 29 de noviembre de 2024
Los jueces egipcios dan ejemplo, en otras naciones cobran y callan
El Tribunal Constitucional de Egipto cesa sus funciones indefinidamente
El Tribunal Supremo Constitucional de Egipto ha anunciado que cesa sus funciones de manera indefinida tras la protesta islamista organizada hoy en su sede, que ha impedido a sus miembros estudiar la legalidad del proyecto constitucional impulsado por el presidente Mohamed Mursi.
Los jueces "anuncian la suspensión de las sesiones del Tribunal hasta el momento en el que puedan continuar con su trabajo y emitir sentencias en casos sin que haya presiones psicológicas y materiales", señala el Tribunal en un comunicado oficial. "El Tribunal hace constar su profundo pesar y dolor por estos métodos, un asesinato psicológico de sus jueces", añade.
Este domingo cientos de manifestantes islamistas, simpatizantes de Mursi, se han concentrado en torno a la sede del Tribunal Supremo Constitucional para exigir un aplazamiento de los veredictos de la sala y han impedido así el acceso de los jueces a la misma.
Estaba previsto que este mismo domingo el Tribunal hiciera pública su decisión sobre la legalidad del Consejo de la Shura --Cámara Alta del Parlamento--, la Asamblea Constituyente y del proyecto de constitución aprobado el viernes y que se someterá a referéndum para su ratificación el 15 de diciembre, según anunció Mursi este sábado.
Las dos cámaras están siendo investigadas por un recurso presentado después de que fuera declarada inconstitucional la ley electoral y, en consecuencia, disuelta la Asamblea Popular, la Cámara Baja del Parlamento.
El pasado 22 de noviembre Mursi promulgó un polémico decreto por el que blindaba tanto sus decisiones como el Consejo de la Shura y la Asamblea Constituyente --ambas controladas por los islamistas-- ante cualquier posible disolución dictaminada por el poder legislativo.
En respuesta, el Club de Jueces, principal asociación de la judicatura egipcia, se declaró en huelga indefinida por lo que consideran un ataque a la independencia judicial. Además, han amenazado con no supervisar la legalidad del referéndum constitucional.
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