Así lo ha explicado Álvarez de Miranda ante la Comisión Mixta Congreso-Senado que revisa la actividad del Tribunal y que hoy ha dado el visto bueno al Plan de Contabilidad para Partidos Políticos, cuya intención es "la integración de la contabilidad más completa y abarcando el mayor número de realidad económica afectada por la gestión del propio partido".

   Esta pretensión, ha explicado el presidente del órgano fiscalizador, supone que los partidos deberán informar de las operaciones que puedan realizar con algún familiar de cualquiera de sus dirigentes, pero sólo en este caso. "No implica que haya propósito ni competencia de fiscalización sobre particulares", ha insistido.

   "Si un partido tiene operaciones con partes vinculadas, es el partido el que, en función de una normativa general y que es aplicable, tiene la obligación de establecer información sobre esas operaciones", ha dicho; y ha puesto como ejemplo la venta de un edificio a un partido político. "La información veraz es un elemento al que no puede renunciarse, es necesario, es un elemento básico de lucha contra la corrupción", ha defendido.

   Álvarez de Miranda ha dado estas explicaciones a petición de varios portavoces parlamentarios, que han considerado exagerada la interpretación que se ha dado al citado plan de contabilidad de que se podrían ver investigados los familiares próximos de los dirigentes políticos. "Ni le explico qué circunstancia se puede producir cuando un sobrino forma parte de la ejecutiva de otro partido político", ha bromeado el senador de CiU Ferrán Bel.

   Hecha la aclaración, los partidos han respaldado el Plan de Contabilidad que ya les presentó el Tribunal en diciembre pasado y que ahora deberá aprobar definitivamente. Empezará a aplicarse el próximo año, siete años después de que lo reclamara la Ley de Financiación de Partidos, e incluirá la fiscalización de toda la actividad económica de las formaciones, incluyendo datos de sus fundaciones, de sus grupos parlamentarios y de sus dirigentes.

   A petición del PP, el Tribunal deberá revisar la conveniencia de incluir en este plan las operaciones de las organizaciones locales de los partidos, "a la vista de las dificultades de orden práctico y jurídico que conlleva".

 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

   En la Comisión Mixta se han aprobado también varias resoluciones tras el informe del Tribunal sobre cómo se desarrolló el Fondo Estatal de Inversión Local. Así, y a propuesta del PP, los grupos han pedido al Gobierno que inste a los ayuntamientos a poner "a disposición del uso público" aquellas inversiones pagadas por ese fondo y que no están en funcionamiento aún. También, que tome medidas legislativas para "evitar en el futuro" otros programas similares que repercutan en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

   Además, y en este caso a propuesta del PSOE, que gobernaba cuando se aprobó este Fondo de Inversión Local, se insta a los ayuntamientos a realizar siempre un análisis de la necesidad y viabilidad de una obra antes de aprobar el proyecto y a hacer una "adecuada planificación". También se les reclama que tomen medidas para un "estricto cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación".

   Por otro lado, y de nuevo a iniciativa del PSOE, se insta al Tribunal de Cuentas a proseguir con el proceso por el que todos los ayuntamientos se incorporarán a las nuevas tecnologías, tanto para rendir cuentas como para facilitar toda la información que es les pida, y a que realice nuevos procedimientos de fiscalización "de tipo horizontal", como el desarrollado con este Fondo de Inversión Local.

ELECCIONES 2011

   En la comisión de hoy, se han presentado los informes de fiscalización de las elecciones autonómicas de Murcia, La Rioja, Extremadura y Cantabria, que no cuentan con tribunal de cuentas autonómico.

   También se ha revisado el informe sobre los gastos de las elecciones generales de 2011. Entre las recomendaciones que hace el Tribunal, que los partidos se ajusten a gastar en aquello que es subvencionable, que introduzcan un sistema para elegir a los proveedores más baratos y que se adapten en publicidad a las nuevas tecnologías. Además, 27 empresas no han enviado la facturación por gastos superiores a 10.000 euros, pese a ser su obligación.  

  En ese proceso electoral se invirtieron 65 millones de euros en gastos declarados justificados de todos los partidos, un 15 por ciento menos que en las elecciones anteriores; de esa cantidad, casi 26 millones se dedicaron a envío de propaganda electoral. Todos los grupos han apostado por ser más austeros en futuros procesos.

 LA CUENTA GENERAL DE 2010

   Por otro lado, Álvarez de Miranda ha presentado la declaración sobre la Cuenta General del Estado del año 2010, aprobada en noviembre del año pasado y que integra la cuenta del sector público administrativo, la del sector público empresarial y la del fundacional.

   El presidente del tribunal ha asegurado que ese año se detectó una mejora general en la rendición de cuentas, sobre todo por la presentación telemática, que facilita cumplir el trámite, aunque aún hubo incumplimientos. Acerca de estos retrasos, Álvarez de Miranda ha aclarado que no conllevan ninguna responsabilidad, salvo que se cambie la ley.

   Ramón Álvarez de Miranda ha explicado que el Tribunal recibió la cuenta general en octubre de 2011 y realizó el trabajo en 13 meses, incluido el proceso de alegaciones. "Esos trámites deberían mejorarse, por el acortamiento de la rendición al tribunal de la cuenta general, que se tarda casi nueve meses en presentar. Debería acortarse ese plazo y también el del trabajo del tribunal", ha dicho, animando a los grupos a presentar alguna resolución al respecto