El tribunal que juzga al juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' ha frenado de nuevo el último intento del acusado de suspender la vista y ha amenazado con expulsar y multar al público que provoque "numeritos de plató" con gritos y alteración del orden público durante la sesión.

   El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a rechazar en la tercera sesión del juicio la renuncia del abogado Cándido Conde-Pumpido Varela a ejercer la defensa por las "diferencias insalvables" que se han producido con su cliente. "El pensamiento de Silva de que no se siente defendido no tiene efectos procesales. La decisión del tribunal sí tiene efectos procesales y tiene que defenderle", ha añadido.

   El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha querido dejar claro que su intención no es "amenazar" al letrado, sino apercibirle legalmente de las consecuencias de sus actos y "poner coto" al "fraude procesal de libro" que está llevando a cabo.

   "El tribunal no tiene el menor interés en este pleito, que tenga la sentencia preparada es algo que no sé cómo se puede pensar si quiera. Nos pagan también por aguantar esas impertinencias, pero también por el deber de que el juicio se celebre en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas", ha dicho, para ordenar continuar el juicio.

"NO HE GRITADO, HE HABLADO CON EL ALMA"

   Tras ello, varias personas del público han interrumpido la sesión con  gritos de "Blesa estafador". "El señor que ha gritado, fuera", ha destacado el magistrado, a lo que el susodicho ha replicado: "No he gritado, he hablado con el alma".

   El juez ha emplazado a las personas que quisieran permanecer en la sala de vistas a hacerlo con su "palabra de honor" de no interrumpir. De lo contrario, ha dicho, será expulsado y también multado. "Más numeritos de plató no va a haber impunemente", ha remachado.

   Tras este incidente, el abogado defensor ha dicho haber pedido amparo al Colegio de Abogados y haber solicitado la presencia de "observadores internacionales y del Parlamento Europeo" en la vista. Además, ha dicho haber tenido conocimiento en una noticia de que la magistrada del tribunal, María Tardón, ha participado en la Asamblea de Caja Madrid cuando Blesa era presidente.

   Silva ha insistido en recusar a la magistrada y, tras un receso, la magistrada María Tardón ha negado tener "interés" en el pleito, guardar "amistad" con Blesa u otras partes y cualquier "relación" con los órganos de Caja Madrid. Por ello, ha rechazado abstenerse para evitar dilaciones indebidas en el proceso.

EL JUEZ APERCIBE A SILVA DE EXPULSARLE

   El acusado ha conminado a su abogado a intervenir y, tras no lograrlo, ha querido intervenir él. "Me puede dejar hablar o esto es un tribunal militar", ha proseguido, a lo que el juez le ha apercibido con expulsarle si continúa en  su actividad.

   La sesión ha comenzando con Conde-Pumpido rogando de nuevo al tribunal aceptar su renuncia porque la "confianza" en el plano profesional se ha "roto" con su "ex defendido o defendido a la fuerza". "No se trata de ningún tipo de treta ni fraude de ley", ha asegurado.

   El letrado ha destacado que el "enfrentamiento" con el juez no se produce en el plano personal y que este exige acceder a los correos electrónicos de Blesa para defenderse. A su juicio, es una afrenta y un atentado contra su libertad que se le amenace con sancionarle.

   El fiscal Manuel Moix ha pedido volver a desestimar esta petición al entender que los solicitantes quieren "sabotear" desde el principio el juicio para evitar una posible condena, lo cual es "humanamente comprensible". "Pero hay que seguir las reglas del Estado de Derecho, no las reglas de Silva, que por seguir sus reglas le ha llevado donde está: sentado en el banquillo", ha añadido.

   Los abogados de Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, Carlos Aguilar y Nicolás González-Cuellar, también han pedido rechazar la renuncia al considerar que esta "estrategia es claramente rupturista" y lo único que intenta es hacer un "escándalo" de este juicio.

   El juez Silva se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.