El juez Anthony M. Kennedy explica en la sentencia que los denunciantes no han tenido en cuenta las creencias religiosas de Phillips e incluso les acusa de ser hostiles a la fe del pastelero.

"La jurisprudencia establece claramente que el pastelero como propietario de un negocio de cara al público puede ver limitados sus derechos a la libertad religiosa por las leyes de aplicación general, pero la delicada cuestión de cuándo la práctica libre de su religión debe doblegarse" debe darse en una situación en la que "la hostilidad religiosa del Estado no sea un factor", indica Kennedy.

En particular recuerda los comentarios denigrantes contra Phillips y sus creencias de comisionados de Colorado en los que se señalaba que "las creencias religiosas no se pueden mostrar en público o en un contexto comercial".

En cualquier caso, la sentencia señala que el resultado en futuros casos similares "requieren de una mayor elaboración". "Estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin faltas de respeto a creencias religiosas sinceras y sin que las personas homosexuales tengan que someterse a indignidades cuando requieren bienes y servicios en un mercado libre".

En contra de la sentencia han votado Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor con el argumento de que las acciones de unos pocos comisionados de Colorado no pueden ocultar la violación de la Ley Antidiscriminación de Colorado por parte de Phillips. "Lo que importa es que Phillips no suministró un bien o servicio a una pareja del mismo sexo que sí hubiera suministrado a una pareja heterosexual", ha apuntado Ginsburg.

La Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF, por sus siglas en inglés) que representaba a Phillips ha expresado su satisfacción por la sentencia. "La hostilidad del Gobierno contra gente de fe no tiene cabida en nuestra sociedad", ha argumentado Kristen Waggoner, portavoz de la ADF.

En otros casos los tribunales han desestimado las alegaciones de negocios como floristerías, fotógrafos o pastelerías que han rechazado prestar servicios a bodas homosexuales por violar sus derechos civiles. También lo hizo el Tribunal de Apelaciones de Colorado, pero ahora el Supremo ha anulado la sentencia.

"Siempre hemos creído en Estados Unidos. No deberían echarte de un negocio público por quién eres. Denunciamos porque nadie debería tener que pasar la vergüenza, bochorno y humillación que supone que te digan 'aquí no servimos a los que son como vosotros' como nos pasó a nosotros y vamos a seguir luchando hasta que nadie lo tenga que pasar", han argumentado los denunciantes, Charlie Craig y David Mullins, tras conocer la sentencia.