El Tribunal Supremo (TS) ha permitido al juez pedir la apertura del juicio oral contra el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín Ortiz Blanco, investigado por su presunta relación con la trama para la concesión irregular de licencias de ITV en Cataluña.

Lo ha hecho en un auto que permite continuar con la causa por un presunto delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, y traslada la causa al fiscal para que en diez días solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El TS abrió la investigación a Ortiz después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona viese indicios de que realizaba "asesoramiento en interés y al servicio" de los empresarios del sector Ricard P. y Enric M., cuando estos presentaron varios recursos en la Sala que él preside contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.

Conversaciones telefónicas intervenidas y testigos llevaron a la juez de instrucción a sospechar que estos empresarios contactaban con Ortiz para buscar "la fórmula más rápida y buena", indicando expresamente que no realizaban ninguna propuesta sin antes consultarla con él.

Se trata de la trama en la que un grupo de empresarios pretendían supuestamente obtener concesiones irregulares de ITV y por la que también está imputado el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol.

Ortiz Blanco es presidente de la Sección 5 de la Sala Contencioso Administrativo del TSJC, competente para decidir los recursos en materia de seguridad industrial, y por lo tanto "en todas las cuestiones relacionadas con la concesión y aprovechamiento de las estaciones de ITV", recuerda el auto del Supremo.

Al menos hasta mediados de 2012, el juez mantenía una relación de amistad con Ricard P., administrador de la empresa Certio ITV SL, y con Enric M., que tenía intereses en esta entidad, hasta el punto de que hicieron juntos un viaje a Dubrovnik en abril de 2010, además de quedar para comer en numerosas ocasiones.

Entre 2010 y 2011, el juez y Ricard P. se enviaron numerosos correos electrónicos relacionados con asuntos de las ITV que deberían ser resueltos por la sala del primero.

"LE HE DADO MI OK"

Aunque el Supremo ve "relevante a los efectos de la imputación" del juez su mediación en distintos momentos, pone especial énfasis en la presentación por parte de Certio de un recurso contencioso administrativo en el juzgado de Ortiz pidiendo la paralización cautelar de la adjudicación de un lote de estaciones.

Antes de presentarlo, Ricard P. le envió por correo un borrador del recurso al que Ortiz respondió: "Le he dado mi OK. Confírmale que por vuestra parte puede presentarlo. Ya hablaremos despacio. Un abrazo, Joaquín"; ese día, presentó el recurso con el mismo texto.

"En varias ocasiones orientó a los citados Ricard P. y Enric M. acerca de la posible solución de las cuestiones existentes exponiendo su punto de vista sobre el particular, lo que permitía a estos adoptar con antelación las decisiones que tuvieran por conveniente", concluye el Supremo.

Pese a estar investigado, el juez ha continuado dictando varias sentencias sobre la adjudicaciones de estaciones de ITV y no se le ha apartado de su cargo.