El Tribunal Supremo ha acordado proseguir previsiblemente la próxima semana su deliberación sobre a quien compete la orden de autorizar la apertura de las fosas del franquismo, después de no haber llegado a un acuerdo en la reunión celebrada este miércoles sobre este asunto, según informaron fuentes jurídicas.  

  La Sala de lo Penal ha comenzado a deliberar a puerta cerrada a las 11.15 horas de este miércoles y, tras apenas 45 minutos, ha decidido volver a reunirse en los próximos días para alcanzar una decisión sobre la cuestión de competencia que planteó el juez Baltasar Garzón en 2009.   

El asunto fue planteado por dos juzgados de El Escorial (Madrid) y Granada tras la inhibición de Garzón y se encontraba en suspenso desde abril de 2010 en espera de que se resolviera la causa en la que el ex juez de la Audiencia Nacional fue juzgado por investigar estos hechos.

   El juzgado de El Escorial se inhibió sobre la exhumación de los restos mortales que descansan en el Valle de los Caídos, mientras que el órgano de Granada se declaró incompetente para dirimir sobre la apertura de la fosa en la que supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca.   

 La Sala reunida este miércoles ha estado integrada por el presidente de lo Penal Juan Saavedra y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Perfecto Andrés Ibáñez, que será el ponente de la resolución.  

  Dos de ellos, el ponente y Colmenero, formaron parte del tribunal que absolvió a Garzón de un delito de prevaricación del que había sido acusado por investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. En la sentencia se señala que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal" y que las actuaciones sobre las fosas corresponden a la Administración.

 ASUNTO PENDIENTE DESDE 2009   

 El Supremo dejó en suspenso este asunto en respuesta a la cuestión de competencia planteada por el propio Garzón en junio de 2009 después de que los juzgados de instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial y el juzgado de instrucción número 3 de Granada rechazaran hacerse cargo de la investigación de las fosas halladas en sus respectivos territorios.   

Ambos órganos hicieron pública su negativa tras conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se había inhibido en sus investigaciones atribuyendo a los juzgados territoriales la competencia sobre la apertura de las fosas que se encontraran en su demarcación.  

  El Supremo alegó entonces que dado que el objeto de este asunto estaba "directamente relacionado con los hechos que se instruyen" en la causa sobre las investigaciones de Garzón sobre el franquismo era procedente suspender en espera de la conclusión de la causa contra el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.  

   "Todo ello sin perjuicio de que durante el tiempo en el que se prolongue la suspensión, los interesados puedan ejercitar los derechos" derivados de la Ley de Memoria Histórica, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", añadió en su día el Supremo.

 VALLE DE LOS CAÍDOS Y LORCA   

 El 8 de julio de 2009, el Juzgado de Instrucción número 2 de El Escorial rechazó la inhibición planteada por el juez Garzón para asumir la competencia relativa a la parte de la causa sobre la memoria histórica que corresponde al partido judicial de San Lorenzo de El Escorial en relación con las exhumaciones de los restos mortales depositados en el Valle de los Caídos.   

Unos días antes, el 30 de junio, el juez de Granada había dado una respuesta idéntica a la Audiencia Nacional en relación con la fosa en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca. El 26 de diciembre de 2008, Garzón se había declarado incompetente para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante este periodo.   

 Tanto el juez de El Escorial como el de Granada rechazaron hacerse cargo del caso alegando la interconexión de los hechos que corresponden a este partido judicial con los ocurridos en el resto de España.  

  En concreto, y antes de ser acusado por prevaricar al investigar este asunto, Garzón se inhibió en favor de los juzgados de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de Mallorca.

    Se inhibió también en favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales las que den respuesta a "las exhumaciones solicitadas". En la mayoría de estos lugares la investigación de las fosas se mantiene paralizada.