La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha remitido un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que señala que la petición del juez José Castro de ser nombrado magistrado emérito una vez se produzca su jubilación forzosa --prevista para diciembre de este año, cuando el día 20 de ese mes cumpla 70 años--, "no se adecua" a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial.

   Según el escrito de la Sala, pese a que la prolongación de funciones a Castro "posibilitaría la continuidad de las investigaciones a cargo de quien ya ha venido conociendo" de estas pesquisas, en relación con el caso Palma Arena, asevera que la normativa contempla la prórroga exclusivamente "para formar Sala" como magistrado suplente en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales.

   La pretensión de Castro pasa por proseguir y concluir la instrucción del caso Palma Arena, cuya complejidad ha derivado en la apertura de hasta 28 piezas separadas, de las que 19 aún se encuentran en fase de instrucción. El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJIB --compuesta por nueve magistrados-- ha sido adoptado de forma unánime, si bien la decisión definitiva, no vinculante, corresponderá a la Comisión Permanente del CGPJ.

   El juez Castro ampara su petición en el artículo 200.4 de la LOPJ, que establece que los miembros de la Carrera Judicial jubilados por edad que sean nombrados para continuar en su puesto tendrán la consideración y tratamiento de magistrados eméritos, una situación en la que podrán permanecer hasta los 75 años con el tratamiento retributivo de los magistrados suplentes.

   El informe del TSJIB entiende que en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuyo titular es Castro, "hay un número significativo de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra la Administración pública", lo que ha determinado el refuerzo del órgano con una jueza de adscripción territorial durante los últimos años. Sin embargo, señala que la Ley no contempla el nombramiento como magistrado emérito para los jueces de instrucción.

   En su petición, Castro señala que "lo que se viene a solicitar no es permanecer en activo, sin más, bajo la fórmula de magistrado emérito", sino que condiciona su pretensión a que se le permita proseguir la instrucción del caso Palma Arena hasta su culminación, renunciando así al tiempo que le restase una vez finalizada la causa.

   Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945) es el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y está situado en el puesto 216 del escalafón de la carrera judicial por razones de antigüedad.

   En concreto, la Sala de Gobierno de la máxima instancia judicial de las islas está integrada por el presidente de ésta, Antonio Terrasa; los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social, Gabriel Fiol y Francisco Wilhelmi; el de la Audiencia Provincial de Baleares, Carlos Gómez, y el decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, además de los magistrados Jaime Tártalo, Joaquín Andrés Joven, Esther Domene y Víctor Casaleiro.

CAUSAS PENDIENTES

   Tras más de cuatro años volcado en la instrucción del caso Nóos, se encuentran pendientes de finalizar 19 de la totalidad de piezas en que fue desgajado el caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Jaume Matas.

   Así, uno de los flecos que Castro pretende concluir es el caso Over, considerado la ramificación de la trama Gürtel en Baleares, que centra sus investigaciones en las adjudicaciones supuestamente irregulares con las que fue favorecida Over Marketing y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.

   La última pieza abierta por Castro, la número 28, fue incoada la semana pasada con el objetivo de investigar la compra y reforma de la sede del PP, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas (2003-2007).