La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reunida este martes, ha decidido mantener por unanimidad el plan de actuación que el Alto Tribunal andaluz aprobó el 23 de junio, por el que asignó a la juez Mercedes Alaya el caso de los ERE irregulares y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

   De este modo, la Sala de Gobierno del TSJA ha acordado elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre el reparto de trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el

que se analizan y valoran los escritos presentados tanto por la titular como por Alaya en el que realizaban alegaciones al plan de actuación propuesto por la Sala de Gobierno del TSJA.

   En el informe, se mantiene que la distribución del trabajo debe ser la que ya aprobó por unanimidad la Sala de Gobierno en su reunión del pasado día 23 de junio, según ha informado el TSJA en un comunicado de prensa.

   La Sala de Gobierno remitirá el informe, que se redactará en los

próximos días, al CGPJ, que será el encargado de ratificar el plan de

actuación y distribución de cometidos en la medida de refuerzo.

   En espera de que el CGPJ ratifique este plan de actuación, la juez Mercedes Alaya se ha incorporado ya a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

EL PLAN DE ACTUACIÓN

   La Sala de Gobierno del TSJA aprobó por unanimidad el pasado 23 de junio el reparto propuesto por la juez María Núñez excepto en lo relativo al caso ERE, ya que la titular había planteado la imposibilidad de decidir sobre el conocimiento y posible reparto de esta causa, ya que se encuentra pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre su división en piezas separadas, cuestión "relevante" para decidir sobre el reparto y colaboración entre titular y comisionada.

   La Sala de Gobierno, por el contrario, considera que, con "la finalidad de lograr celeridad y eficacia en la sustanciación de los procedimientos y ponderando el conocimiento que posee la anterior titular del Juzgado respecto de los asuntos de mayor antigüedad", Mercedes Alaya, que ha obtenido una de las dos comisiones de servicio para reforzar el Juzgado, debe encargarse también de la causa de los ERE "hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial".

   De su lado, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que debe resolver el recurso de la Fiscalía para dividir el caso en piezas separadas, ha dictado una providencia en la que señala que, "antes de darse un señalamiento conforme al turno existente, dada la relevancia del asunto objeto de debate se analizarán los autos por si fuera posible una rápida resolución del recurso con el menor perjuicio para los señalamientos ya acordados".

   Además, los magistrados de la Sección Séptima han solicitado a la juez María Núñez Bolaños que remita testimonio de la resolución que dicte en respuesta al escrito del pasado 18 de junio en el que el Ministerio Público solicitó la división del caso en piezas separadas, petición a la que se ha opuesto en reiteradas ocasiones la juez Alaya.

   El Ministerio Público ha pedido a Núñez Bolaños que divida la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.