Durante la 52 sesión de este organismo, Tomassi ha incidido en que son "las autoridades estatales" las que "están obligadas a proteger, y a perseguir cuando sea necesario, a las personas bajo su jurisdicción" y ha observado que la Santa Sede "ejercita su autoridad a todos los que viven en la Ciudad del Estado Vaticano de acuerdo con las propias leyes".

   En su comparecencia ante este órgano, como parte del escrutinio periódico al que han aceptado someterse todos los Estados que han ratificado la Convención Internacional contra la Tortura, ha puesto de manifiesto que cada persona "independientemente de la afiliación a una institución católica, está sujeto a la autoridad particular de cada Estado".

   En cualquier caso, ha reafirmado el compromiso de la Santa Sede para combatir la tortura "con la intención primaria de defender los derechos inviolables de la persona" y ha asegurado que la Santa Sede "considera la Convención contra la tortura" un instrumento "válido" para combatir "actos que constituyen una grave ofensa a la dignidad humana".

   Por otro lado, ha agregado que la Santa Sede espera la aplicación de la Convención permanezca "en el ámbito del área específica" de la propia Convención y ha precisado así que "la introducción de otros temas de los que la Convención no se ocupa" limita "el objetivo original de la Convención" y además "pone en riesgo la situación de aquellos han sufrido abusos o torturas".

   Para el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, éste es el verdadero peligro que podría provocar que el trabajo de la Convención sea "ineficaz y hasta contraproducente". De esta forma, ha concluido que La Santa Sede ha promovido y continuará promoviendo a nivel global "los valores y derechos humanos" que son necesarios "para las relaciones de amistad entre los pueblos y la paz en el mundo".

   La delegación de la Santa Sede efectuará una breve presentación del informe seguida por los comentarios de dos relatores elegidos por el Comité. En la tarde del martes la delegación puede responder a las preguntas del día anterior y a otras eventuales preguntas de los miembros del Comité. La comisión de la ONU, compuesta por expertos independientes en lugar de representantes de los estados miembros, emitirá sus observaciones finales y recomendaciones el 23 de mayo.

   El Comité de expertos de la ONU incluye a representantes de otros países como Estados Unidos y China. El Comité contra la Tortura de la ONU nació en 1984. La Santa Sede firmó la Convención en el año 2002 y presentó su primer informe a la ONU en diciembre de 2012.

   La Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es una de las principales convenciones internacionales en el marco de la actividad de las Naciones Unidas y a la que se adhieren libremente muchos países miembros de la comunidad internacional, los llamados Estados Parte de la Convención. Para verificar la aplicación de las mismas y de sus progresos se instituyen -en virtud de las Convenciones y por lo tanto según el mandato de los Estados Partes- comités de expertos independientes con la tarea de examinar los informes periódicos que los Estados Partes se comprometen a presentar -precisamente sobre su aplicación- en la medida que les corresponda.