Sabado, 12 de julio de 2025

algunos reaccionan ante el peligro

Entra en vigor la nueva política de Defensa de Japón

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, ha asegurado que este cambio en la política de seguridad y defensa --el mayor que realiza el país desde la creación de sus Fuerzas Armadas en 1954-- es esencial para afrontar desafíos actuales como el auge de China.

   "El entorno de seguridad que rodea nuestro país cada vez es más peligroso", ha explicado Abe a los reporteros. "En un mundo en el que ningún país puede defenderse a si mismo con sus propios medios, esta legislación nos ayudará a prevenir guerras", ha añadido.

   El punto clave de esta legislación es el denominado principio de defensa propia colectiva, que contempla defender a países socios como Estados Unidos, que ha mostrado su apoyo a esta ley, si son atacados, en los casos en los que Japón afronte "una amenaza a su supervivencia".

DETRACTORES

   Un grupo de manifestantes se ha reunido ante el Parlamento durante el discurso de Abe con pancartas con lemas como "Fuera el Gobierno de Abe" y "Nos condenará a la guerra". Los que se oponen a esta legislación denuncian que viola la Constitución del país y que aumenta el riesgo de participar en guerras en el exterior.

   El Partido Democrático, que es la principal fuerza opositora, junto a otros partidos minoritarios, están dirigiendo una campaña contra esta legislación antes de las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento en julio y en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que Abe convoque elecciones anticipadas para la Cámara Baja del Parlamento.

   China, en donde el recuerdo de la guerra con Japón sigue muy presente, ha expresado su preocupación por esta nueva legislación, basada en una reinterpretación muy controvertida de la Constitución pacifista del país.

   Respecto a la opinión pública, según una encuesta del diario 'Yomiuri Shimbun' publicada este martes, un 47 por ciento de los japoneses no aprueba esta nueva legislación frente al 38 por ciento que sí. Un porcentaje diferente al recogido en septiembre, cuando un 58 por ciento se oponía al cambio normativo y un 31 por ciento la apoyaba.

   Sin embargo, en otra encuesta del diario económico 'Nikkei', solo un 35 por ciento de la población rechaza el cambio normativo la ley frente al 43 por ciento que la aprueba.


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