España ha concedido contratos valorados en 1.027 millones de euros a empresas israelíes y sus filiales en nuestro país desde el 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva de Israel contra Palestina en respuesta a la masacre de Hamás, según muestra un informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.El informe, llamado 'Business as usual. Análisis del comercio de armas español de 2022-2023 y argumentos para un embargo de armas a Israel', se centra en el comercio de armas entre España e Israel y desvela que, "a pesar de la extrema gravedad" de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, las relaciones militares entre Madrid y Tel Aviv se han mantenido en "lo esencial", como antes del 7 de octubre.

Los expertos destacan que, al contrario de lo que sucede con las exportaciones, no existe un informe anual oficial de importaciones por parte de la Secretaría de Estado de Comercio e informan de que "buena parte del material de defensa de patente israelí se fabrica en España, por parte de filiales de empresas israelíes o de otras empresas que los producen a través de un acuerdo de transferencia de tecnología de las empresas israelíes".

AFECTACIÓN SÓLO A LAS EXPORTACIONES

Las relaciones militares sólo se han visto afectadas en las exportaciones españolas, según el trabajo, aunque el Gobierno ha asegurado en repetidas ocasiones que no se han concedido nuevas licencias de exportación de material de defensa a Israel desde la fecha mencionada. Aún así, las exportaciones han continuado, recalca el informe.

Los expertos del Centre Delàs d'Estudis per la Pau mencionan que, en noviembre de 2023, la empresa Nammo Palencia exportó desde España 987.000 euros en municiones a Israel. También se ha exportado a Israel material de defensa correspondiente a armas y municiones y carros de automóviles blindados de combate, incluso armados y partes, pero la base de datos de comercio señala que este material iba a ser reexportado a Filipinas.

Las relaciones entre España e Israel no se limitan a las importaciones y exportaciones de material de defensa, sino que se desarrollan en los ámbitos de la adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios para las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad en España; la colaboración empresarial entre empresas españolas e israelíes para acceder a terceros mercados; la colaboración entre universidades, empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, en el marco de la Unión Europea (UE) o el institucional en ambos países o en terceros; y la colaboración bilateral entre los dos países en materia de Inteligencia y seguridad, y en un marco más amplio de la UE y la OTAN, según el informe.

La publicación también se ocupa de estudiar la legalidad de estas operaciones y las posibilidades de imponer un embargo de armas al Estado israelí, y plantea propuestas de modificación de la legislación española sobre el control del comercio de armamento.

EXPORTACIÓN CONTRARIA A LA LEGISLACIÓN Y "GENOCIDIO"

Así, pone el foco en que la autorización de exportaciones de armamento a Israel es contraria a la legislación en la materia. Destaca el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, en virtud del cual el Gobierno debería denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones y revocar, o al menos suspender, las autorizaciones de exportación a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023 y que todavía se encuentren en vigor.

"Es muy probable que Israel esté cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza", dice el informe, que agrega que el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio impone a los Estados la obligación de prevenir el genocidio. "Además, Israel está cometiendo, sin ninguna duda, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", añaden.

"Ante esta situación de especial gravedad, el Gobierno podría adoptar un embargo de armamento a Israel", recomiendan. "Aunque la Ley 53/2007 no prevé la posibilidad de que el Estado español imponga un embargo de armas, se podría hacer por medio de una norma con rango de ley, incluyendo los decretos leyes aprobados por el Gobierno", aconsejan. Pero recuerdan que el artículo 8 de la Ley 53/2007 "sí reconoce expresamente" la posibilidad de denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de material de defensa