Miercoles, 27 de noviembre de 2024
Según Gestha
España recaudaría 8.250 millones anuales si la carga fiscal de las multinacionales fuera como la de las pymes
Según la asociación, las pymes soportan una carga fiscal media del 16% sobre su resultado contable positivo, mientras que las compañías transnacionales pagan de media un 5,3%, lo que equivale a un tercio de la tributación real de las primeras.
Esta propuesta complementa a la realizada este martes por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, según Gestha. El líder socialista ha exigido una "tasa Google" en España para gravar el 30% de los beneficios de las operaciones de "ingeniería fiscal transfronteriza". Esta medida es similar a la anunciada por David Cameron, primer ministro de Reino Unido, donde se recaudarían 250 millones de euros anuales.
La propuesta de Sánchez solo sería efectiva si los países europeos aprobaran un tipo mínimo incondicional para el Impuesto de Sociedades, por debajo del cual no se podrían hacer rebajas para competir por la sede de las multinacionales extranjeras, en opinión de los Técnicos de Hacienda. En la actualidad, esta práctica, según Gestha, perjudica la recaudación tributaria de los países de la UE.
Mientras no se llega a un acuerdo comunitario para implantar una base imponible común y un tipo impositivo mínimo, Gestha recomienda que se llegue a un término medio "más práctico y efectivo", como la equiparación del tipo impositivo efectivo entre multinacionales y pymes. Para adoptar medidas como la propuesta por el PSOE, es necesario revisar la normativa fiscal para concretar cómo pueden tributar los beneficios que no quedan reflejados en la contabilidad de las compañías, según Gestha.
Los Técnicos de Hacienda señalan que las multinacionales y las compañías españolas con mayores ingresos y beneficios, es decir, las que ingresan más de 45 millones de euros anuales, suponen el 0,6% de todo el tejido empresarial, pero acaparan el 100% de las reducciones fiscales netas del resultado contable, lo que equivale a 30.000 millones de euros. Según la asociación, esto supone una pérdida de ingresos "máxima" para el Estado de unos 9.000 millones anuales, "teniendo en cuenta que esta cifra solo se corresponde con los beneficios que estas compañías contabilizan en España".
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