Tras dos jornadas de intensas negociaciones en Bruselas, los ministros de Agricultura de la UE han consensuado defender una reforma en línea con el objetivo de una PAC "más verde" y equilibrada que promulga el comisario del ramo, Dacian Ciolos, pero con elementos que flexibilizan estos objetivos.

   Arias Cañete ha dicho que el resultado recoge la "gran mayoría" de las reivindicaciones que el Gobierno consensuó con las Comunidades Autónomas y con el sector, al tiempo que ha evitado los elementos "más perjudiciales" que planteaba la reforma para España.

   La posibilidad para limitar la llamada tasa plana, con la que Bruselas quería asegurar un mismo nivel de ayuda a todos los agricultores de un mismo país independientemente de su región o cultivo, ha sido una de las reivindicaciones que España ha logrado en el acuerdo. La posición del Consejo prevé que esa convergencia interna se limite a asegurar al productor que reciba menos del 90 % de la ayuda media para su región que cobrará, además, una tercera parte de a diferencia que le separa del 100 %.

   El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha criticado en la reunión esta posibilidad, pero Arias Cañete ha confiado en que aunque la medida "no guste" a Bruselas sí logre prosperar, porque también es vista con buenos ojos por el Parlamento Europeo. 

  Entre las decisiones más celebradas por España figura la prórroga del sistema de cuotas de producción del azúcar hasta 2017, frente a la liberalización del sector prevista para 2015, y la posibilidad de reservar un 12 % del sobre nacional a ayudas acopladas -vinculadas a la producción-. 

  La presión de un grupo amplio de países, entre ellos España, ha logrado que el porcentaje de las ayudas acopladas se elevara del 10 % inicialmente previsto hasta el 12 % final, pese a la resistencia de países tradicionalmente liberales en lo económico como Reino Unido, Suecia y Alemania. 

  Con todo, Arias Cañete ha anunciado en la sesión final con sus socios europeos que España se unirá a una declaración que firmarán en torno a una decena de países, entre ellos Francia y Polonia, para que en el curso de las negociaciones definitivas se incremente este margen hasta el 15 %, una cifra que también apoya la Eurocámara.  

El acuerdo también atiende la petición española de limitar el máximo de superficie elegible para recibir fondos a partir de 2014 con un mecanismo de ajuste que permitirá "garantizar" que "no descenderán" los niveles de apoyo por agricultor actuales, según ha explicado Arias Cañete. Sin esa flexibilización, el Gobierno temía tener que repartir los fondos agrícolas entre 38 millones de hectáreas en lugar de los 22 millones aproximados que fueron subvencionadas en 2011.

   Además, los ministros apuestan porque el pago verde reconozca un trato diferenciado a los cultivos permanentes para que sea reconocido su valor medioambiental sin necesidad de prácticas adicionales, algo que el ministro español ha considerado "muy positivo" para sectores como el olivar y el de los frutos secos.

   Para ello, el documento aboga por considerar equivalentes a las prácticas del greening los cultivos permanentes en terrenos con al menos un 10 % de pendiente o con entre 20 y 250 árboles por hectárea. 

  También se prevé que los Estados miembros puedan aplicar el régimen simplificado para pequeños agricultores con ayudas de entre 500 y 1.000 euros.