Los países de la UE se plantean reformar el funcionamiento del fondo de rescate permanente, que sustituirá al actual en 2013, con el objetivo de dispensar a la banca de la obligación de asumir en el futuro pérdidas en los bonos de Estados miembros que necesiten ser rescatados, como ha ocurrido con Grecia.   

 Alemania estaría dispuesta a permitir estos cambios, así como un papel más activo del Banco Central Europeo (BCE) en la lucha contra la crisis e incluso la emisión a medio plazo de algún tipo de eurobonos, siempre que el resto de los socios acepten reforzar la disciplina fiscal, ya sea con una reforma del Tratado o con un acuerdo al margen de la UE, con nuevas sanciones e intervención directa en los presupuestos nacionales de los incumplidores, según han informado fuentes diplomáticas.   

 El fondo permanente -cuya puesta en funcionamiento Bruselas quiere adelantar a 2012 para ayudar a frenar la crisis de deuda- prevé a petición de Alemania que el sector privado participe de forma general en futuros rescates, eso sí, como último recurso cuando se constate que el país en cuestión es insolvente.  

  La mayoría de los Estados miembros, liderados por Francia, España o Italia, quieren borrar esta cláusula del denominado mecanismo europeo de estabilidad porque creen que está en el origen de las actuales turbulencias en los mercados.

   Desde que se decidió implicar a la banca en rescates -en la cumbre que celebraron en octubre de 2010 el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel- los inversores han dejado de considerar la deuda de los países de la eurozona, especialmente la de los periféricos, como un activo libre de riesgo y han iniciado una espiral vendedora de bonos europeos que se ha contagiado primero a Italia y España y se está contagiando al núcleo de la eurozona.   

 La participación obligatoria del sector privado perjudica además a la banca, que debe aumentar sus provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los bonos europeos. El ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ya avisó de estos riesgos a los líderes europeos el año pasado, pero éstos decidieron ignorar sus recomendaciones.  

  De momento, sólo en el caso de Grecia la UE ha alcanzado un acuerdo con la banca para que le condone el 50% de la deuda. Y cuando se cerró este compromiso, los líderes europeos garantizar que se trata de un caso único, y que no se pedirá al sector privado que contribuya a ayudar a los otros países ya rescatados, Portugal e Irlanda.

   Sin embargo, esta promesa entra en contradicción con las reglas del mecanismo europeo de estabilidad, que prevé implicar a la banca en futuros rescates de forma general. Alemania y otros socios como Finlandia o Países Bajos siguen resistiéndose a eliminar la participación del sector privado en el fondo permanente, pero podrían acabar aceptándolo como parte de un paquete global para reforzar la eurozona que se debatirá en la cumbre del 9 de diciembre.

INTERVENCIÓN EN LOS PRESUPUESTOS NACIONALES   

En la cumbre se debatirán las propuestas que tiene previsto presentar el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para reforzar la eurozona frente a la crisis. Estas propuestas incluyen, en primer lugar, reforzar la disciplina presupuestaria, con nuevas sanciones como la suspensión del derecho de voto a los países endeudados o la congelación de los fondos estructurales.   

 También se sopesa dar nuevos poderes a la UE para que intervenga en los presupuestos nacionales de los Estados incumplidores, cuyos parlamentos perderían el control de las cuentas públicas.  

  Estos cambios, abanderados por Alemania, exigirían una reforma de los Tratados y no servirían para resolver la crisis de deuda actual, porque costarían entre dos y tres años si no hay ningún problema, como referendos negativos, según las fuentes consultadas. De ahí que París y Berlín se planteen como alternativa crear un nuevo Tratado al margen de la UE, que sólo cubriría a los países de la eurozona, y que podría aprobarse y ratificarse de forma mucho más rápida.

   Esta opción también plantea muchos problemas porque dejaría al margen a los países que no están en el euro y a las instituciones comunitarias, como la Comisión.  

  A cambio de este endurecimiento de la disciplina fiscal, los líderes europeos esperan que Merkel empiece a ceder en su negativa a los eurobonos y a un papel más activo del Banco Central Europeo (BCE), que la mayoría de responsables de la UE siguen considerando la única herramienta disponible a corto plazo para contener la crisis de deuda.  

  Van Rompuy ya dio a entender en un reciente discurso ante la Eurocámara que incluirá la creación de eurobonos entre sus propuestas. En cuanto al papel del BCE, los líderes europeos no se plantean pedirle una mayor implicación sino que se espera que de la cumbre del 9 de diciembre salga un nuevo mensaje de apoyo a la institución que preside Mario Draghi para que "haga lo que tenga que hacer".

   De hecho, en la cumbre que celebraron Merkel y Sarkozy la semana pasada en Estrasburgo con el primer ministro italiano, Mario Monti, los tres acordaron no dar instrucciones al BCE ni en positivo ni en negativo.   

 Aunque la mayoría de los analistas y la prensa interpretó esta declaración como un nuevo veto de Berlín a que el BCE compre mayores cantidades de bonos italianos y españoles, las fuentes consultadas destacan que Alemania ha aflojado su rechazo a que el Banco actúe de forma más contundente para defender al euro.  

  En todo caso, las fuentes consultadas descartan que el BCE anuncie formalmente una expansión del programa de compra de deuda y prevén que siga comprando las cantidades justas para evitar que se disparen las primas de riesgos pero sin reducir la presión sobre los países con problemas para que sigan haciendo recortes y reformas.