Carmona y Calvente emprendieron una investigación interna cuando aún estaban trabajando en Podemos al advertir ciertas irregularidades, lo que habría propiciado la salida de ambos de la organización política, según sostienen.

En diciembre de 2019, Calvente presentó una denuncia contra Podemos en la que apuntó a cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' --la abogada Marta Flor--; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

En su declaración de este miércoles, que ha durado unas cuatro horas, Carmona ha corroborado la denuncia de Calvente, según ha informado la abogada de Vox, Marta Castro, para quien esto demostraría que Escalonilla debe investigar los cuatro hechos indicados, no solo el contrato entre Podemos y Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, como le aconseja la Fiscalía.

De hecho, Castro ha avanzado que Vox tiene previsto recurrir la decisión del juez de archivar la parte de la causa relativa a la Caja de Solidaridad --la presunta 'Caja B'--, mediante la cual Podemos hacía donaciones a asociaciones afines, entre ellas #404 Comunicación Popular. La ex senadora 'morada' Celia Cánovas, que ha hecho su propia denuncia, ya ha impugnado este sobreseimiento provisional.

Castro ha destacado que Carmona "ha aludido a unas pruebas esenciales, como la existencia de unos chats de Telegram del equipo de cumplimiento normativo de Podemos" que "ponen de manifiesto el conocimiento de la cadena de mando de Podemos respecto a todas las actuaciones" denunciadas. Por ello, ha considerado "fundamental" que estas conversaciones consten en autos "a efectos de analizar las posibles responsabilidades".

Sin embargo, la representante legal de Vox no ha precisado hasta dónde llegaría esa cadena de mando. Fuentes de Podemos consultadas por Europa Press han indicado que Carmona era la máxima responsable del equipo de cumplimiento normativo.

Además, la ex abogada del partido "ha dado detalles de presuntas irregularidades que exceden el marco en el que nos encontramos pero que dan buena cuenta de cuál es la forma de proceder internamente en Podemos", de acuerdo con Vox. Así, Carmona habría contado que varios miembros --"incluso cargos ejecutivos"-- le han transmitido su "miedo a hablar" por temor a represalias, vista la expulsión de ella y de Calvente.

"UN CALCO" DE CALVENTE

Las fuentes de Podemos han confirmado que Carmona ha venido a ratificar lo denunciado por su antiguo compañero. "Su relato ha sido un calco del que prestó José Manuel Calvente", han dicho, subrayando que "se ha basado en rumores, sin pruebas", porque la ex abogada del partido "ha sido incapaz de aportar documentos o testimonios que sustenten sus afirmaciones".

Las mismas fuentes han recordado la "animadversión" de Calvente hacia Podemos, así como la amistad entre ambos abogados, que llegaron a compartir "dirección profesional". "Por tanto, su declaración (la de Carmona) no sorprende ni aporta nada y confirma que la investigación iniciada a partir de la denuncia de Calvente carece de base", han sostenido desde el partido de Pablo Iglesias.

Está previsto que entre el 13 y el 20 de noviembre declaren como investigados los dos administradores generales de la coalición electoral Unidas Podemos --Daniel de Frutos y Carlos García Ramos--; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; y el administrador y la persona de contacto de Neurona, Elías Castejón y Eduardo López, respectivamente.

EL CONTRATO CON NEURONA

Hasta ahora, el juez ha descartado la 'Caja B' y mantiene abierta la causa para los otros tres hechos denunciados, entre los que destaca la cuestión electoral. Escalonilla cree que existen "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos --por valor de 363.000 euros-- "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

Sigue así el criterio del Ministerio Público, que aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados por Unidas Podemos con Neurona, a la que describe como "una empresa creada 'ad hoc'" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos --fraude electoral y falsedad en documento mercantil-- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor. No obstante, la Fiscalía ha aclarado que "ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales".

Con todo ello, el Ministerio Fiscal ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque "resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".