Y se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha entregado a la magistrada una "nota informativa" en la que acusa a la Junta de Andalucía de "manipular" la documentación que acompaña a los expedientes investigados y remitidos al Juzgado.

   Rofa, a quien la juez ha llamado a declarar como imputada en relación a las ayudas a Altadis y A Novo Comlink, se ha negado a declarar pero ha aportado un escrito en el que pone de manifiesto que la Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso ERE, "ha quitado de los expedientes papeles de interés que podían incriminar a otras personas" y, a su vez, "ha introducido papeles nuevos para completar los expedientes".

   Asimismo, la imputada ha aseverado que la Junta "también ha metido en la documentación que acompaña a los expedientes remitidos al Juzgado una serie de correos suyos para incriminarla y causar la impresión de que ella era la que mandaba", cuando ella "no tiene nada que ver con esos expedientes", según han explicado a Europa Press abogados personados en la causa.

   "Todos los expedientes" remitidos al Juzgado "están incompletos y han sido manipulados", subraya en la nota entregada María Jose Rofa, que se ha acogido a su derecho a no declarar por todo lo anterior y, en segundo lugar, porque no constan en las actuaciones los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a Altadis y A Novo Comlink.

   De su lado, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero también se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar.

   Al finalizar su cuarta comparecencia ante la magistrada Mercedes Alaya, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha atendido a los medios de comunicación para explicar que su cliente se ha negado a declarar porque existe en la causa "una especie de secreto sumarial encubierto", ya que "nos falta documentación" que entiende que "tiene" la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pero que no está incorporada a las actuaciones, por lo que "no existe".

   De este modo, "nos sentimos indefensos para declarar sin conocer las actuaciones", ha aseverado De Pablo, quien ha anunciado que, en el momento en que dicha documentación se incorpore a las actuaciones y puedan estudiarla, decidirán si declaran ante la juez Alaya, que cabe recordar que impuso a Guerrero una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros.

   También se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar el exdirector general de Trabajo Juan Márquez. La juez Alaya también ha citado a declarar este jueves al exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano.