El exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que, "a título personal", tuvo las "primeras dudas" sobre la viabilidad de Bankia en octubre de 2011, tres meses después de su salida a Bolsa y siete antes de que se produjera la intervención que obligó a inyectar en la entidad ayudas públicas de alrededor de 20.000 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

   Martínez Tello, que ha declarado como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha señalado que estas objeciones se recrudecieron en el primer trimestre de 2012, cuando los responsables de la auditora Deloitte plantearon, entre otras, sus reticencias sobre la valoración que la acción de Bankia tenía en su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), y la viabilidad de sus créditos fiscales.

   Las cuentas de 2011, que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, se aprobaron en marzo del año siguiente sin el informe de auditoría de Deloitte y tuvieron que ser reformuladas en mayo, con la entrada del nuevo equipo dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, con unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

"MEDIDAS RÁPIDAS" CON BANKIA

   A estas situación, según la declaración del exdirector general de Supervisión del Banco de España, se unió el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de ese año, que apuntaba que, una vez "agotadas" las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), podría ser necesario un "mayor recurso a la financiación pública" para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades "problemáticas". En relación con los bancos de "mayor tamaño", en referencia implícita a Bankia, aconsejaba tomar medidas "rápidas y decisivas" para fortalecer sus balances.

   Según el testigo, este análisis del FMI fue "extrañísimo y sorpresivo por el momento en el que se produjo y por su contenido" y tuvo como principal consecuencia que "aceleró los acontecimientos" en relación con los dos planes que se diseñaron para reflotar la entidad: el de abril, que fue rechazado por el Ministerio de Economía, y el de mayo, que el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, cifró en 7.000 millones de euros. Sin embargo, a juicio de Martínez Tello, las necesidades de Bankia en ese momento podían haber alcanzado los 9.000 ó 10.000 millones de euros, fundamentalmente por su situación en el mercado inmobiliario.

   El compareciente también ha asegurado no tener "ninguna participación ni conocimiento" en relación con la reunión que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantuvo los días 4 y 6 de mayo con los presidentes del Santander, CaixaBank y BBVA, Emilio Botín, Isidro Fainé y Francisco González, respectivamente, para abordar la situación de Bankia y la salida de Rato.

   Sobre estos encuentros, ha dicho que habló con Rato el 3 de mayo, víspera de la presentación de su segundo plan de saneamiento, y ha asegurado que éste le dijo que había problemas para que José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, aceptara el puesto de consejero delegado de la entidad.

DEFICIENCIAS Y POLITIZACIÓN

   También ha declarado el jefe de Inspección del Banco de España José Antonio Casaus, que ha ratificado un informe que elaboró el 3 de diciembre de 2010 en el que se ponían de manifiesto "deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno" de Bankia, así como la inexistencia de "una política de refinanciación documentada y aprobada al nivel adecuado".

   Casaus ha declarado que los consejeros de la entidad, a los que atribuía en su informe "un carácter acentuadamente político",  antepusieron sus intereses a los de la sociedad en materia retributiva. "No era tiempo de repartir bonus, no había excedente", ha asegurado durante el interrogatorio, en el que, al igual que en los otros tres, el representante de la Fiscalía Anticorrupción no ha realizado ninguna pregunta.

   Andreu también ha tomado declaración al exdirector general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Mariano Herrera, que ha asegurado que no le sorprendió que las cuentas de 2012 se aprobaran sin el preceptivo informe de auditoría; y el inspector del Banco de España Francisco Javier Priego, que avaló de forma verbal la reunión de De Guindos con los banqueros al considerar que no existían objeciones legales.

   El magistrado ha reactivado esta investigación y ha llamado a declarar desde la pasada semana a un total de 23 nuevos testigos, entre los que se encuentran el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury; el director general del FROB, Antonio Carrascosa; y el director general de Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ángel Benito.

   En la causa están imputados los 34 miembros del Consejo de Administración de Bankia que presidía el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y del que también formaba parte el que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas.