"Lo primero que hay que decir es que la última palabra no la tiene el Supremo, sino el Tribunal Constitucional y en su caso el Tribunal de Estrasburgo, por lo que, en mi opinión, se siguen manteniendo las razones por las que se deniega la autorización", ha puntualizado Subirán.

Además, ha aclarado que los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede tiene un rango "superior" al Real Decreto del Gobierno para la exhumación de Franco al tratarse de un tratado internacional. "Desde el punto de vista jurídico, el Acuerdo Iglesia-Estado tiene un carácter superior al Real Decreto, con lo cual sería de aplicación", ha señalado.

En el artículo 1.5 de dichos Acuerdos Iglesia-Estado se puede leer que "los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes" y que "en caso de su expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente".

"La inviolabilidad de los lugares sagrados conlleva, en relación al acceso y a la ocupación del lugar, en este caso del Valle de los Caídos, en orden a una eventual labor de exhumación, que es necesario recabar el consentimiento de la autoridad competente que, en este caso, es el prior", precisa Subirán.

Asimismo, recuerda que el Código de Derecho Canónico, en su canon 1.213 establece que "la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados". "Entonces, si se dejan sin efecto las medidas cautelares se vulneraría el derecho de la comunidad benedictina a un proceso con las garantías debidas", añade.

Precisamente, recuerda que en el Acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos de Franco "se reconoce expresamente que se necesita la autorización eclesiástica", que no se ha dado por parte del prior del Valle de los Caídos.

Por todo ello, el experto considera que "en principio no pueden entrar" a la basílica para exhumar los restos del dictador porque "el procedimiento no ha terminado, pues cabe recurso de amparo ante el TC, ante el que pedirán la suspensión cautelar de cualquier decisión sobre la exhumación, y en su defecto también al Tribunal Europeo de DDHH".

En este sentido, ha afirmado que si el prior reitera su negativa a que entren en la basílica del Valle de los Caídos "no incurriría en desacato" porque estaría en su "ejercicio legítimo" de utilizar los posibles recursos contra las resoluciones judiciales.

El experto puntualiza que si el Gobierno procede a la exhumación y después el Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo diera la razón al prior, se podría "demandar" al Gobierno. "Por eso, lo lógico es que se esperen a que se termine la vía judicial", ha añadido.

Además, no descarta que el Constitucional pudiera darle la razón a los monjes benedictinos porque "ya ha reconocido en innumerables sentencias el carácter internacional de los Acuerdos Iglesia-Estado, en este caso el de asuntos jurídicos que es el que habla de la inviolabilidad de los lugares de culto