También está previsto que a partir de las 10.30 horas comparezcan en condición de testigos el director de estrategia de Indra, Manuel Ausaverri; y el expresidente de Indra Fernando Abril-Martorell.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, cita a los tres directivos en el marco de una de las líneas de investigación que conforman la causa en la que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En esta rama del procedimiento, el juez intenta esclarecer si --tal y como sostiene Hazte Oír en su querella-- Gómez se apropió de forma indebida del 'software' de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en el que varias compañías invirtieron en 2022. En su declaración como investigada el pasado diciembre, la esposa del presidente del Gobierno negó haberse apropiado de dicho 'software' o haber cometido cualquier otra irregularidad.

Peinado llamó a declarar a Murtra, Ausaverri y Abril-Martorell después de que directivos y ex altos cargos de Indra y Telefónica les identificaran --durante sus respectivas declaraciones como testigos el pasado 2 de abril-- como los trabajadores que estaban al tanto de la decisión de sus compañías de invertir en el mencionado 'software'.

Tras las declaraciones de dichos directivos, las acusaciones populares pidieron al juez que citara como testigos a estos y otros cargos señalados, al entender que son "las personas que de forma directa desarrollaron los trabajos técnicos e institucionales" relacionados con el programa dirigido por Gómez.

El juez accedió a la petición y ya ha escuchado al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; al responsable institucional y de políticas públicas de dicha tecnológica, Miguel Escassi; al entonces responsable de Minsait y exdirector general de Indra, Luis Abril; y al vicepresidente del consejo de Telefónica Audiovisual Digital, Rosauro Varo. Todos ellos declararon el pasado 14 de mayo.

Los cargos de Google defendieron que la colaboración de su compañía con la plataforma 'Transforma TSC' de la Complutense formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España". Por su parte, Varo aseguró que la propia Begoña Gómez fue la que sugirió que su compañía invirtiera en el proyecto de la UCM, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Cabe recordar que Indra ya informó al juez por escrito el año pasado de las inversiones que hizo en el 'software' que ahora se investiga; según la documentación aportada a la causa, contribuyó con 128.442 euros.

LA CONTRATACIÓN DE CRISTINA ÁLVAREZ

Este miércoles también está previsto que comparezca el que fuera coordinador de personal de Moncloa en 2018, Raúl Díaz. Su declaración, sin embargo, se enmarca en otra línea de investigación, la relativa al nombramiento Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.

El juez le citó para el 14 de mayo después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le identificara --a petición del propio Peinado-- durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril.

Díaz acudió a los juzgados de Plaza de Castilla el día de su citación y explicó al juez que no tenía la facultad de contratar a personal eventual en Presidencia. Dijo que desconocía quién había redactado el certificado de Moncloa en el que se detallan las funciones de Álvarez como asesora y se limitó a señalar que él solo estampó su firma en dicho documento, según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Las mismas fuentes señalaron que el instructor le pidió ese día al testigo que recabase más datos sobre este asunto para continuar con su declaración. Finalmente, ha vuelto a llamarle para que testifique este miércoles.

LA INVESTIGACIÓN

Estas diligencias tienen lugar en el procedimiento que se sigue contra Begoña Gómez desde abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. El sindicato le acusa de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios --como el investigado Juan Carlos Barrabés-- que se presentaban a licitaciones públicas. Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas en la causa consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox.

Después del último movimiento de la Audiencia Provincial de Madrid, quedan vigentes las líneas de investigación relativas al presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Al delimitar la causa, la Audiencia Provincial ordenó levantar la imputación del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y la del directivo del IE, Juan José Güemes.

Así, son cuatro las personas permanecen investigadas: la propia Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés.