"Hacemos una valoración positiva", ha señalado a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. "Supone la superación de algunas cuestiones conflictivas de la anterior regulación como la supresión del periodo de reflexión de tres días, la entrega obligatoria del sobre informativo de ayudas a la maternidad y muy especialmente la supresión de la necesidad del permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años", ha apuntado.

Además, considera "imprescindibles" dos de las medidas incluidas en el texto, como "el establecimiento del ejercicio del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la sanidad pública" y" también la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios".

En este sentido, ha explicado que, "en algunos lugares" esta situación "estaba siendo una auténtica barrera para poder hacer efectivo este derecho".

UNA "HIPOCRESÍA"

A pesar de estos puntos destacados, Besteiro cree que se debería aprovechar la oportunidad que supone la reforma de esta norma para "sancionar" a quienes acudan a la gestación subrogada, así como "derogar la instrucción del Registro civil que permite inscribir en España a los bebés" que nace de esta práctica que, a su juicio, "es una forma de explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y de compra y venta de niños y niñas".

De forma similar se ha expresado la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Esta entidad ha destacado el avance en derechos de la mujer que supone la reforma de la ley, pero califica de "hipocresía" que se prohíba "la publicidad de los vientres de alquiler" y, al tiempo, se permita que "quienes alquilan mujeres en el extranjero puedan inscribir aquí a los bebés".

"En tanto no se anule la instrucción de 2010 que permite inscribir en España a esos bebés, no habrá una voluntad real de poner fin a una práctica que no es sino explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres", ha explicado la Alianza.

Entre otras carencias señaladas en relación a esta norma, la entidad también ha indicado que "no queda claro si las mujeres van a poder elegir el método para abortar" (farmacológico o quirúrgico) y, de hecho, considera que "hay un especial interés en establecer como prioritario el método farmacológico por ser más económico y no precisar de la especialización profesional" de la que, según ha señalado, "en estos momentos carecen muchos hospitales públicos".

Del mismo modo, la Alianza denuncia que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "aprovecha torticeramente" esta norma para "introducir el concepto misógino y acientífico de la identidad de género", con términos como "personas con capacidad de gestar" o la introducción de estos conceptos en la educación sexual de los niños y adolescentes.

GARANTIZAR EL "LIBRE DESARROLLO" A LAS MENORES

Por su parte, la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS ha valorado que la norma recoja "muchas de las consideraciones" que se remitieron para su inclusión en el Informe del Observatorio Estatal sobre Violencia sobre la Mujeres, como "la devolución a las menores de 16 y 17 años de su capacidad de decisión" que, según ha señalado, es "acorde con las previsiones en la normativa de autonomía del paciente".

A su juicio, "es una cuestión inaplazable para garantizar los derechos a la dignidad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad que quedaban afectadas".

La entidad destaca también como un "avance" que se garantice "el mayor grado posible de disfrute de estos derechos", "la previsión de eliminación del periodo de espera, y "la no exigencia de informar sobre ayudas a la maternidad si no son solicitadas". Además, consideran "acertada" la creación de un registro de objetores.

Sin embargo, la asociación de juristas tiene también algunos 'peros' a la norma y dice que "echa en falta" que "exista un centro público donde poder acceder a una IVE fijándose una distancia inferior y próxima de acceso para la paciente, procurando una planificación territorial racional y eficaz". Esto, según han apuntado, favorece, por ejemplo, a mujeres rurales.

Del mismo modo, señalan que "falta una regulación más omnicomprensiva y ambiciosa" sobre la "compraventa y la contemplada ahora prohibición de la publicidad de las agencias de intermediación" de la gestación subrogada. En este sentido cree que deberían hacerse "verdaderas y efectivas propuestas de protección de los menores, al existir una gran tolerancia social" a esta práctica.

"Aunque nos parece positiva la consideración de la gestación subrogada como violencia contra la mujer en orden a dar mayor visibilidad a la vulneración de derechos fundamentales que implican estas prácticas", ha apuntado la asociación, quien espera que estas medidas "se contemplen en el periodo de enmiendas" en el Parlamento.