"Que se disuelvan y desmantelen sus estructuras aquellos que han usado la violencia y que se responsabilicen de sus actos, eso será el final definitivo del terrorismo, no un final meramente táctico", ha enfatizado el ministro, quien ha advertido a la banda de que deberán "reconocer el daño que han causado a las víctimas" y deberán "pedir perdón quienes durante años han estado jaleando a los asesinos". "No se puede pasar a demócratas con unas cuantas declaraciones de buenas intenciones", ha zanjado Jorge Fernández en presencia del representante de Amaiur.

   Ha apelado en varias ocasiones a la unidad de los demócratas y a actuar "con inteligencia, prudencia y discreción". "Son muchas veces las que los violentos han engañado a la sociedad y han frustrado las esperanzas. Tenemos que mantener la guardia alta, no la vamos a bajar", ha concluido.    Fernández Díaz ha insistido en su tesis de que ha sido la fortaleza del Estado de Derecho lo que "ha obligado a ETA a decretar el final de sus actividades" y, en ese sentido, ha admitido que eso "permite vislumbrar con esperanza, pero con precaución, un final definitivo del terrorismo".

   En su discurso ha hecho especial hincapié al papel de las víctimas y el hecho de que "nunca se hayan tomado la Justicia por su mano". A su juicio, eso es "lo que ha permitido estar cerca del final del terrorismo". "Serán ellos los que nos dicten el relato de la memoria, no de la memoria histórica, sino de la verdad histórica", ha añadido.

   En este apartado ha asegurado dar prioridad al Real Decreto de Protección integral a las víctimas del terrorismo y a la creación en un plazo de seis meses del Memorial de las Víctimas que se instalará en el País Vasco "sin equidistancias ni manipulaciones". Asimismo, ha garantizado que el Gobierno va a luchar contra la impunidad porque no se puede permitir "que haya asesinatos sin esclarecer".

 POLÍTICA PENITENCIARIA Y ESCOLTAS  

  En materia penitenciaria ha recordado que es ETA la que no permite que sus presos se acojan a beneficios penitenciarios y la que ejerce la presión sobre sus internos y sus familias. Ha citado datos facilitados por Instituciones Penitenciarias según los cuales un 95% de los presos de ETA siguen obedeciendo la disciplina de ETA en las cárceles. "Sin ETA sus presos serían más libres", ha dicho.  

  En consecuencia, ha insistido en que "la única hoja de ruta del Gobierno es la aplicación de la Ley" y ha reiterado la apuesta por trabajar en los etarras lleven a cabo programas de reinserción individualizados para que "los que hoy siguen sometidos a la banda, den los pasos que otros ya han dado".

    Se ha referido también al plan de reducción de escoltas que ha encargado a la Secretaría de Estado y ha argumentado que "aunque el Gobierno considera que permanece la amenaza latente de ETA, el análisis es que el número de protegidos está muy por encima de lo razonable". Pese a todo, ha matizado que este plan tendrá su excepcionalidad en el País Vasco y Navarra donde cada caso se revisará individualmente.  

  Ha explicado que más de 1500 personas tienen protección de escoltas dedicando para ello a 2.668 policías y guardias civiles además de 700 escoltas privados a saldo del Ministerio del Interior y el Gobierno vasco. Esto supone una inversión de 160 euros anuales, sólo 100 de ellos destinados escoltas privados en el País Vasco y Navarra.

   El Ministerio del Interior también combatirá el terrorismo yihadista desde la prevención y la lucha contra la radicalización y un plan integral en consonancia con los planes de la Unión Europea para el Norte de África y la zona del Sahel. También la lucha contra la ciberdelincuencia y el crimen organizado está entre los principales retos del ministro y para ello pondrá en marcha un programa de racionalización de recursos y equipos de la Policía Judicial de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.

   Acabar con la multireincidencia es otro de los objetivos y en su comparecencia ha aprovechado para detallar este plan que se pondrá en marcha en cooperación con el Ministerio de Justicia. Ha abogado por dotar a la policía y los jueces de herramientas para acabar con la impunidad de quienes cometen a menudo delitos como "el tirón del bolso".

 PRISIÓN PROVISIONAL O EXPULSIÓN PARA MULTIREINCIDENTES  

  Se impulsará una reforma de la legislación penal, se combatirá el de robo con fuerza a las cosas, "en especial las joyerías" y el robo de viviendas, se reformará la ley procesal para establecer medidas cautelares como prisión provisional o localización permanente en los casos de más de dos delitos, así como la creación de un registro central del faltas. En la segunda parte de su intervención ha añadido además que los inmigrantes que "hayan hecho de su vida el delito serán expulsados de carácter inmediato".

   El ministro ha arrancado anunciando una deuda en su Departamento de "más de 217 millones" con un presupuesto "prorrogado y equivalente al de 2007". A partir de ahí, ha detallado otras líneas de su gestión como "proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad (niños, adolescentes y mujeres que sufren la lacra de la violencia doméstica)". Ha anunciado que se incluirá la huella dactilar en las fichas policiales de los agresores sexuales. 

   También se ha propuesto abordar el fenómeno de la inmigración irregular "desde el respeto a la Ley", reducir la siniestralidad vial, proteger la seguridad de la Cultura y defender el patrimonio español frente a la exportación e importación ilegal para lo que se creará un registro informático relativo a la compraventa de obras de arte.  

  Además ha asegurado que será coherente con el Gobierno de Mariano Rajoy y se "racionalizarán los medios disponibles haciendo un uso eficiente de los medios escasos, mas escasos que nunca" al tiempo que se trabajará por modernizar las distintas unidades y "mejorar la transparencia".

 RESPUESTA DE LOS GRUPOS  

  Por parte del Grupo Socialista, el diputado Antonio Hernando ha anunciado que el PSOE "va a apoyar al PP en todas las actuaciones para la desaparición de la banda y que además de dejar de actuar, que ya lo ha hecho, deje de ser", al tiempo que ha respaldado que haya un trato individualizado de los presos de ETA.  

  El portavoz de CiU Jordi Jané ha celebrado el plan de lucha contra la ciberdelincuencia y ha incidido en la necesidad de que los Mossos d Esquadra puedan compartir datos con Interior. El diputado de IU Ricardo Sixto ha recriminado al ministro que no haya hablado de la violencia de la extrema derecha y le ha reprochado las "posiciones contradictorias" entre el Gobierno vasco y el Ejecutivo central en cuento a ETA.  

  Por su parte, Rosa Díez ha asegurado que el Gobierno puede contar con UPyD "para definir la táctica, los detalles sobre como acabar con ETA". "No hay que fiarse de los enemigos de la democracia ni de quienes sostienen su discurso", ha añadido antes de que el diputado del PNV, Aitor Esteban, reclamase más rigor al ministro. "En 24 horas se habló de un posible rearme de ETA y al mismo tiempo se anunció la disminución del número de escoltas. Son medidas que visto así parecen contradictorias", ha censurado.