Se trata de las cantidades que ya habrían cobrado indebidamente según Anticorrupción, más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito.  

  Según el auto hecho público este martes, se imponen 7.021.352,57 euros al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1.218.136,53 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al exdirector general de la caja única, José Luis Pego.  

  Además, el juez requiere igualmente al que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso los mismos importes como responsable civil solidario.

      De no constituirse las fianzas, señala el auto, "se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama". La Ley señala que los querellados disponen de 24 horas para el depósito de estas cantidades desde el momento en el que la resolución les sea notificada por sus defensas, según fuentes jurídicas.  

  Todos ellos, que prestaron declaración hace quince días ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.  

  ASEGURARON INTERESES PERSONALES

   El magistrado justifica su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad a tenor de lo contenido en los informes periciales obrantes en la causa, de la que se desprende, "al menos por ahora", que los cuatro exdirectivos "con la cooperación de Gayoso", podrían haber actuado de forma delictiva aprovechando la fusión entre Caixagalicia y Caixanova "en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante, en menoscabo del patrimonio" de la entidad, que fue nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.

   Así, percibieron "elevadas sumas dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad bancaria" al amparo del contenido de las  mejoras introducidas por ellos mismos en los contratos de alta dirección. Por ello, considera que al menos indiciariamente abusaron de las funciones de su cargo pese a conocer "la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia".  

  Igualmente, Moreno señala que los imputados conservan su capacidad de actuar, así como la libre disposición de sus bienes, "con lo cual podrían eludir su posible responsabilidad patrimonial derivada de una actuación punible, lo cual podría frustrar, impedir o dificultar la efectividad de la tutela, y con ello el buen fin del proceso que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria".   

 Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia", nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.    En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispu

sieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".   

 El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.  

  DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES "INDEBIDAMENTE" COBRADAS

   La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. En el caso de García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 -momento en que se podría jubilar-, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.

   A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.  

  Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.  

  El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado para el próximo 16 de noviembre al actual presidente de Novacaixagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo en la causa que investiga las prejubilaciones millonarias que recibieron varios exdirectivos de la entidad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.  

  En un auto, dictado el pasado miércoles, el juez instructor llama a declarar para el próximo jueves, 8 de noviembre, a dos inspectores del Banco de España para que declaren como testigos expertos sobre un informe que obra en las diligencias previas.  

  Además, el juez escuchará a partir del 13 de noviembre el testimonio de los tres vocales del Consejo de Administración que votaron en contra de las compensaciones investigadas.   

José Luis Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra, José Luis Regueiro, representante de CC.OO., y Miguel Argones, de Csica, rechazaron las dotaciones para esas retribuciones porque no se concretaba el contenido de las mismas, según declararon el pasado mayo ante la Fiscalía Anticorrupción.