Viernes, 11 de julio de 2025
Informa en contra del recurso del expresident contra la decisión de Llarena de no levantar su orden de detención
Fiscalía insiste a Puigdemont: no está protegido por la inmunidad parlamentaria
En su escrito, el Ministerio Público informa en contra del recurso de reforma que el líder independentista huido ha presentado para pedir al magistrado que reconsidere su decisión de no levantar la orden de detención que pesa sobre él en el caso de que regrese a España.
Puigdemont se dirigió a Llarena la semana pasada con la intención de que dejara sin efecto dicha orden para poder realizar los trámites necesarios ante la Junta Electoral Central (JEC) que le permitan tomar posesión de su escaño en Estrasburgo el próximo 2 de julio.
En el escrito de once páginas que firman los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena se vuelven a repetir los argumentos que la Fiscalía ya ha empleado respecto de otro de los líderes independentistas incursos en el procesamiento por rebelión en el Supremo como es Oriol Junqueras. Así, insiste en que el escaño de Puigdemont se encuentra a día de hoy "vacante" y "suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo".
Recuerda asimismo que es atribución exclusiva de la autoridad competente, en este caso el instructor de la causa del 'procés', autorizar a los parlamentarios electos bajo orden de arresto nacional la prestación del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución que les convierte en europarlamentarios de pleno derecho.
El pasado día 17 el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, se personó ante la JEC e intentó sin éxito realizar este trámite en nombre del líder independentista huido, lo que no se le permitió. Y sin realizar este trámite, el expresident ya no puede seguir con los requisitos formales (declaración de bienes e inexistencia de incompatibilidades) que le permitirían tomar posesión de su escaño en la sesión constitutiva del 2 de julio, recuerdan los fiscales.
En este sentido se han manifestado recientemente los servicios jurídicos del propio Parlamento Europeo, según recuerda la Fiscalía en su escrito, que añade jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que también ha sido aludida en otros escritos relativos a Junqueras.
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