En el acuse de recibo sellado el pasado día 2 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Germán Gutiérrez Vicén, señala que se han incoado diligencias informativas tras haber recibido la denuncia de la organización ecologista el pasado 17 de julio.

   El presidente de la entidad conservacionista que ha denunciado los hechos, Antonio Muñoz, ha mostrado su "satisfacción" porque estos "graves hechos" vayan a ser investigados. "Tanto rasgarse las vestiduras y los que han metido la arena en Gibraltar son empresas españolas", subraya Muñoz, que pide que la investigación llegue "hasta el final".

   En la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, Verdemar expone que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural solicitó consulta sobre el proyecto "Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros y aportes en las playas de los términos municipales de Tarifa y Algeciras". Esta consulta sobre las posibles afecciones del proyecto a la Red Natura 2000 del Estrecho se está estudiando en ese organismo.

   Asegura el colectivo ecologista que en el proceso de información pública "se ha estado extrayendo arena de la duna de Valdevaqueros y vendiéndola en Gibraltar". Esa arena habría sido utilizada para regenerar playas ganadas al mar en la zona este del Peñón de Gibraltar, lo que Verdemar ha denunciado en la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea.

   Añaden que, según la documentación aportada, el Gobierno de Gibraltar asegura que sólo ha comprado "2.950,23 toneladas de arena de Valdevaqueros", aunque este grupo ha "tenido conocimiento de que por la frontera han entrado más toneladas de las que aseguran", indicando que los registros pueden rescatarse de la Policía de la Frontera de Gibraltar.

   Destaca Verdemar que para introducir arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar "se ha tenido que falsear la documentación y la procedencia de la arena". Hechos que han denunciado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación "sin tener ninguna contestación".

   Concluyen los denunciantes que "vender arena de la duna de Valdevaqueros ilícitamente y pasarla por la frontera de Gibraltar con una posible documentación de trazabilidad falsa, puede ser un delito de hurto agravado, de conformidad con el artículo 349 y 351 del Código Penal (Ley 599 del año 2000 artículos 239 a 241) y un delito de falsedad en documento público del artículo 392 del Código Penal".

   Al hacerse pública la denuncia de Verdemar-Ecologistas en Acción, el Gobierno de la Roca emitía un comunicado en el que aseguraba que había firmado un contrato con Van Orrd (Gibraltar) el 19 de abril de 2013 para el suministro y la colocación de 10.000 toneladas de arena en la playa de Sandy Bay, por el que esta compañía "debía suministrar arena de la zona de Valdevaqueros en Tarifa, donde, como consecuencia de los fuertes vientos, la arena de las dunas se había volado hasta las carreteras adyacentes, cortando el acceso al público de forma efectiva".

    Apuntaban que las "autoridades locales" se encargaron de quitar la arena y eliminarla y que "en ningún momento" el Gobierno de Gibraltar había tenido conocimiento de que se hubiese retirado arena de la playa. Además, incidían en que Van Oord Ltd presentó pruebas de los permisos necesarios "expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa", gobernado por el PP, "a su proveedor local para la extracción de esta arena".

   Entre el 29 de abril y el 6 de junio de este año, según el Gobierno del Peñón, se suministraron "un total de 2.950 toneladas de arena" de forma "intermitente".

   Según explicaba el Gobierno gibraltareño, desde la mencionada empresa insistían en que se había estado trabajando "arduamente" para restablecer el suministro y mejorar las tasas de entrega, pero acusaban a "las autoridades españolas" de poner "numerosas dificultades a su proveedor local, a pesar de contar con las licencias necesarias para extraer la arena que se había volado sobre las carreteras locales".

   En vista de que la cantidad de arena suministrada fue "muy inferior" a la requerida para el proyecto inicial de regeneración de playas, el Gobierno de Gibraltar optó por obtener arena a través de un proveedor diferente, e informaba de que se trataba de "GC Ingeniería y Obra Civil, S.L., una compañía española de construcción, para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena situada en la provincia de Cádiz, y no de una playa"; concluyendo finalmente que la arena que les había sido suministrada se había extraído "legalmente".