El Ministerio Público defiende, además, en un escrito hecho público este viernes, que, a falta de "una ulterior información más completa" los hechos ocurridos en el Sáhara Occidental "podrían tener naturaleza delictiva" y ser constitutivos de "un delito de lesa humanidad".

   A la querella, presentada por la Asociación Liga Española Pro-Derechos Humanos, que denunciaba el fallecimiento del ciudadano español Baby Handay Buyema en los acontecimientos del Sáhara Occidental, se unió el pasado lunes otra presentada en este caso por el hermano del fallecido.  

  En opinión del fiscal que firma el escrito, Pedro Martínez --que advierte que no puede descartarse la existencia de otras víctimas de nacionalidad española-- la actuación de la policía marroquí se dirigió contra "un colectivo muy determinado que reúne los requisitos para ser considerado un grupo nacional o étnico".

   Las querellas presentadas en la Audiencia Nacional están dirigidas contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, los titulares de Defensa y Asuntos Exteriores, así como el gobernador de El Aaiún, Mohammed Jelmous, el jefe de la Policía del cuerpo especial de los GUS y "aquellos policías todavía sin identificar que intervinieron directamente en el asesinato" de Baby Hamday Buyema.  

  La ONG solicita la declaración como testigo en la causa de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que detalle el conocimiento que tuvo de estos hechos y las medidas que el Gobierno español tiene previsto tomar al respecto.  

  Los querellados están acusados del asesinato de un centenar de personas, entre ellas el ciudadano español Baby Hamday Buyema, así como la desaparición de otras 600. Piden que sean imputados por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro.  

  La Fiscalía destaca en cuanto a la muerte en los disturbios del español Baby Handay, que el fallecimiento ha sido "ampliamente difundido por los medios de comunicación españoles" y se han aportado "un mínimo de prueba de las violaciones de los derechos humanos denunciadas".

LAZOS CON EL SÁHARA

   Pone también de manifiesto que existen "lazos evidentes" con la comunidad saharaui por su condición de territorio colonial que han determinado la creación de vínculos lingüísticos,  culturales y legislativos. 

Así, resalta que la legislación española establece mecanismos privilegiados para que los miembros de la etnia saharui adquieran la nacionalidad española.

   No obstante, explica que nuestra jurisprudencia y normativa reconocen manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar donde se comete el delito por encima de la española. 

   Así pues, el fiscal expone que "en aras de evitar una eventual duplicidad de procesos"  y por tanto una doble condena, "resulta imprescindible la introducción de la regla de prioridad" que facilitaría una investigación de los hechos por parte de los tribunales marroquíes.  

Por todo, recomienda que para respetar la primacía de la jurisdicción de Marruecos, se envíe a la zona una comisión rogatoria para solicitar información sobre la realidad de la investigación anunciada por la Fiscalía de El Aaiún  y sobre los hechos denunciados por los querellantes.