Foro Judicial Independiente (FJI) ha reprochado este lunes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que "parezca desconocer" la preocupación de las instituciones europeas por la injerencia política en el Poder Judicial, reaccionando así a la defensa que ha hecho el ministro de Justicia sobre la separación de poderes después de que asociaciones judiciales, incluido el FJI, hayan acudido a la UE para denunciar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Con el debido respeto, señor Campo, es una pena que todo un ministro de Justicia de España parezca desconocer que TODAS las instituciones europeas piden que las autoridades políticas NO intervengan en la elección de los vocales judiciales", ha escrito el FJI en su cuenta de Twitter.

La asociación judicial ha respondido de esta forma a una serie de 'tweets' en los que Campo ha insistido en que "España es una democracia plena" donde "existe separación de poderes e independencia de los jueces".

El ministro ha reiterado que el sistema de elección de los vocales del CGPJ "es tremendamente robusto y democrático", aunque ha admitido que "siempre es posible mejorar" y ha planteado "dar un mayor protagonismo a los jueces en la designación, proponiendo un número menor de candidatos; fortalecer la evaluación de los 20 candidatos por una comisión en cada una de las cámaras; y reforzar el consenso en la toma de decisiones, exigiendo mayorías de 3/5 para los altos nombramientos".

En cualquier caso, ha incidido en que "el problema que hay es el bloqueo propiciado por quienes se resisten a esa renovación" del CGPJ, que lleva más de dos años con el mandato vencido, apuntando de esta forma al PP por su negativa a acordar con el Gobierno los nuevos vocales.

LOS JUECES ACUDEN A BRUSELAS

Campo ha contestado con este hilo de Twitter a la iniciativa de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el FJI, que han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, para denunciar lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en nuestro país por la reforma del CGPJ.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes --que representan a más de 2.500 jueces-- solicitan a la Comisión Europea que adopte medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE como son los Derechos Humanos o el imperio de la ley e implica la pérdida de los derechos de voto en el Consejo.

En concreto, piden al Ejecutivo comunitario que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre "el apagón y desapoderamiento" del CGPJ por la recién aprobada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que le impide hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones