Se trata del compromiso que el Departamento que dirige Íñigo de la Serna ha adquirido en la reunión mantenida este martes con comunidades autónomas y ayuntamientos para tratar sobre el conflicto abierto entre los sectores del taxi y firmas como Uber.

En concreto, Fomento pretende articular, por vía normativa, medidas que garanticen que la compañía que logre una licencia de VTC la emplee para prestar servicio y no para comercializarla cuando estime oportuno en función de las condiciones que el mercado presente en cada momento.

De la Serna asegura que les consta que muchas de las licencias que actualmente se están otorgando por vía judicial, fruto del vacío legal registrado entre 2009 y 2013, están cayendo en manos de un sólo propietario. "Cuesta creer que tenga intención de prestar servicio con todas ellas", indicó.

El ministro explicó que se trata de un sector en el que se pueden poner medidas para evitar 'burbujas' por tratarse de una actividad regulada, si bien declinó concretar el tipo de iniciativas que sopesa, dado que, según aseguró, pretenden que cuenten con el sustento jurídico suficiente para evitar que sean recurridas en los tribunales.

"Dado que ya hay una Ley recurrida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la Audiencia Nacional, trataremos de evitar que las nuevas medidas generen un efecto no deseado y un problema añadido porque acaben también en la vía judicial", detalló en referencia a la actual regulación del sector que aprobó el Gobierno del PP en 2013.

Las de licencias que Fomento teme que generen esta 'burbuja especulativa' son las que derivan de los recursos judiciales promovidas por las empresas de VTC entre 2009 y 2013, los años en los que la desregulación del sector por el último Gobierno del PSOE generó un vacío legal. Posteriormente, el PP volvió a regularizar y establecer la concesión de una licencia VTC por cada treinta de taxi.

No obstante, dicho vacío ha permitido ya al VTC lograr unas 3.225 licencias por vía judicial, a las que se espera se añadan miles más próximamente.

AYUDAS PARA EL TAXI.

En la reunión, Fomento, comunidades y ayuntamientos también convinieron en analizar la posibilidad de dar ayudas al taxi, que estarían destinadas a la renovación de sus vehículos y a la promoción de plataformas digitales de solicitud de servicio 'online'.

Además, el Ministerio conminó a las administraciones autonómicas y locales a "reforzar las inspecciones y los controles" a ambos sectores, algo que considera "esencial", una "absoluta necesidad", remarcó.

En este sentido, recordó que el grueso de las competencias en ambos sectores, tanto en materia de concesión de licencias como de inspección, son de las comunidades y los ayuntamientos, y que las de Fomento se reducen al ámbito normativo y de regulación.

En la misma línea, De la Serna destacó la labor realizada por la Comunidad de Madrid que, según indicó, en lo que va de año ha abierto unos 6.300 expedientes en el sector, "más del doble que los incoados en toda España en todo 2016".

El ministro ofreció la colaboración del Ministerio en esta materia, fundamentalmente a través de la formación, e insistió en la conveniencia de que los ayuntamientos destinen secciones específicas de policía local a realizar inspecciones en el sector.

"Con todo ello, sólo perseguimos garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los dos sectores, por el taxi y la VTC", aseguró el ministro. "Los taxistas tienen todo el derecho a reclamar mayores controles de su sector, dado que es un sector regulado, y el de los VTC tiene todo derecho a prestar servicio siempre que cumpla por la ley", aseveró.

Así, De la Serna abogó por seguir trabajando para el desarrollo de estas y otras iniciativas, tanto con las administraciones, como con los sectores implicados, con los que mostró su intención de reunirse próximamente.

Por el momento, la próxima reunión para tratar el conflicto en el sector del taxi se ha fijado para el próximo 27 de junio, si bien será a nivel de directores generales de Transporte.