Así consta en una enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que se debatirá este lunes en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta.  

  La enmienda introducida es una disposición adicional nueva que pretende actuar como régimen puente entre los anteriores planes estatales de vivienda y la RBE y el nuevo plan para los años 2013-2016.  

  Así, en uno de los puntos de esta disposición, se indica que las ayudas "reconocidas" en el marco de la RBE "que subsisten" a la supresión de 2011 y a la posterior disminución en 2012, "mantendrán su vigencia hasta que sean efectivas las nuevas ayudas del nuevo plan estatal", conforme a lo que se disponga en el mismo.  

  Posteriormente, la disposición adicional décima del Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de abril, concreta que esta efectividad de las líneas de ayuda previstas, "se determinará mediante la publicación en el BOE de una Orden del Ministerio de Fomento". Consecuentemente, será en ese momento cuando se dejará de pagar la RBE a los jóvenes que aún lo cobran.  

  A la espera de ver en qué momento se produce este cambio en las ayudas, las cifras que maneja Fomento señalan que en el mes de febrero de este año había 59.643 jóvenes cobrando la RBE, frente al máximo de 119.000 previsto para este año. Por otro lado, el montante presupuestado en 2013 para estas ayudas es de 210 millones de euros.

EL PP NO VE ILEGALIDAD.

   Fuentes del Grupo Popular en el Senado explicaron a Europa Press que, pese a que se trata de la supresión de una ayuda ya reconocida, esta modificación está "muy bien amarrada" desde el punto de vista legal.   

 Además, argumentan que la supresión de la RBE responde a la necesidad de redirigir los recursos presupuestarios en materia de vivienda hacia nuevas ayudas más enfocadas al impulso del alquiler y la rehabilitación.

   En la justificación de la propia enmienda, los "populares" señalan que "los compromisos de gasto y obligaciones en materia de ayudas a la vivienda, provenientes de planes estatales anteriores, por su cuantía y duración resultan insostenibles en un marco de restricciones presupuestarias y contribuyen al incremento automático del déficit, razones que justifican su limitación con carácter extraordinario".

   El Ministerio de Fomento precisa en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) 2012-2024 que estos compromisos suponen un lastre de 5.000 millones de euros en un horizonte hasta 2018.

DEL APOYO DE LOS JÓVENES A LOS DESAHUCIADOS.  

  La Renta Básica de Emancipación entró en vigor en enero de 2008, con una dotación de 210 euros mensuales, durante un máximo de cuatro años, para jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos regulares no superiores a los 22.000 euros al año.  

  Ahora, el nuevo plan estatal redefine las ayudas al alquiler y no establece ningún programa específico para jóvenes. Además, entre otras cosas, a la hora de computar las rentas para acceder a una ayuda al alquiler tiene en cuenta los ingresos de toda la "unidad de convivencia", con un tope que no llega a los 20.000 euros anuales.   

 La concesión de estas ayudas se dirigen a mayores de edad con ingresos inferiores a tres veces el Iprem (unos 19.200 euros anuales) y siempre que el alquiler mensual sea inferior a los 600 euros, con un máximo de 2.400 euros anuales, lo que supone un tope de 200 euros mensuales. Este programa dará prioridad a las familias desahuciadas.   

 Por otro lado, el plan incluye la creación de un parque público de vivienda protegida sobre suelos o edificios de titularidad pública, con una modalidad de alquiler en rotación para familias con ingresos de hasta 1,2 veces el Iprem (640 euros) y una renta no superior a los 4,7 euros mensuales por metro cuadrado útil.

    Asimismo, se contempla una segunda modalidad de alquiler protegido, con mayor duración, para familias con rentas de entre 1,2 y 3 veces el Iprem (1.600 euros), y un precio no superior a los seis euros mensuales por metro cuadrado útil.