En una declaración institucional, Valls destacó que los objetivos del Gobierno son relanzar la economía francesa y hacerla más justa, devolviendo el poder de compra a los trabajadores, así como reducir el objetivo de déficit, ya que asegura que el país no puede "seguir viviendo por encima de sus posibilidades".

   En este sentido, aseguró que hacer ajustes implica hacer elecciones y respetar los compromisos adquiridos, lo que es la base de "la credibilidad y la confianza". Además, reducir el déficit supone lograr margen de maniobra para invertir y preparar el futuro.

   "Es también asegurar la permanencia de nuestro modelo social y modernizar nuestros servicios públicos", añadió Valls, quien remarcó que los esfuerzos a realizar serán "justos" porque se repartirán de forma "equitativa" y beneficiarán a todos.

   En concreto, de los 50.000 millones de euros que comprende el ajuste, 18.000 millones de euros corresponderán al Estado, que debe "reducir más su tren de vida", y 11.000 millones de euros a las administración locales. Por su parte, se recortarán 10.000 millones de euros en Sanidad y 11.000 millones de euros en medidas de protección social.

   Según informó Valls, este programa de estabilidad, que es el "camino hacia la recuperación de Francia" se estudiará en el consejo de ministros del próximo 23 de abril con el fin de remitir a la Asamblea Nacional para su votación el 30 de abril.

CONGELACIÓN DEL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS.

   Respecto a las medidas concretas, el primer ministro galo afirmó que el Estado debe ser "eficaz" y no malgastar el dinero público, por lo que tanto los ministerios como las agencias públicas continuarán reduciendo su nivel de gastos.

   Asimismo, se congelará el salario de los funcionarios, ya que la situación obliga a pedirles que se "sumen al esfuerzo común". Sin embargo, Valls aseguró que no se adoptarán más medidas excepcionales respecto a la función publica.

   En concreto, se seguirá con la reducción del personal en los ministerios, excepto en Educación, Seguridad y Justicia, donde se mantendrán los aumentos previstos.

   En lo referente a la Sanidad, se ampliarán las reformas estructurales ya anunciados anteriormente. En concreto, se busca organizar mejor los protocolos sanitarios, mejorar el gasto en medicamentos y reducir el número de intervenciones innecesarias.

   Por otro lado, de los 11.000 millones de euros que se ahorran en política social, 3.000 millones de euros se lograrán con medidas ya adoptadas, mientras que la Seguridad Social hará ajustes por valor de 1.200 millones de euros.

   Asimismo, Valls informó de que, aunque está descartado totalmente una reducción de las prestaciones sociales y las pensiones, en el "contexto excepcional actual" no se revalorizarán al menos hasta octubre de 2015, salvo en el caso de las más bajas, que continuarán aumentando al mismo ritmo que la inflación.

   El ahorro derivado de la congelación de las pensiones de base supondrá alrededor de 1.300 millones de euros, mientras que el de las complementarias serás de 2.000 millones de euros. Por su parte, la no actualización de otras prestaciones sociales ahorrará 700 millones de euros.