El ex presidente de BBVA Francisco González ha recurrido la decisión del juez del caso Villarejo de ampliar su imputación al delito de administración desleal por usar recursos del banco para obtener información sobre fincas que estaba interesado en comprar a título personal, alegando que obró de esa manera para evitar posibles conflictos de intereses y preservar así el "buen nombre" de la entidad.

González ha presentado un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, con la intención de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, revoque su decisión de imputar a González, ya investigado por cohecho y revelación de secretos, un presunto delito de administración desleal.

El magistrado ha accedido a la petición formulada en ese sentido por la Fiscalía Anticorrupción al entender que González usó recursos de BBVA "para su uso exclusivamente personal". En concreto, "para valorar la adquisición de una finca a título privado", ha indicado en un auto fechado el 20 de julio que se ha conocido este miércoles.

La defensa de González ha contestado, ratificando la declaración prestada en 2019 por el ex presidente de BBVA en sede judicial, que "nunca encargó gestiones de localización y valoración de fincas a ninguna persona del banco", apostillando que, "a lo sumo, pudo pedir a su jefe de Gabinete, Joaquín Gortari, que realizase una serie de averiguaciones relativas a la situación registral" de las mismas.

Sin embargo, ha esgrimido que "el hecho de encargar este tipo de averiguaciones a su jefe de Gabinete no supone en ningún caso la comisión de un delito de administración desleal", sino que, por contra, "se trataría de una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA".

A este respecto ha razonado que "cualquier actuación en el ámbito privado del señor González con un tercero que no se ajustara a los más esenciales principios éticos y de legalidad o que pudiera generar un conflicto de intereses contaminaría inevitablemente a la propia entidad bancaria" al ser su presidente en ese momento.

A modo de ejemplo, el recurso plantea el escenario "hipotético y ficticio" de que el anterior propietario de las fincas estuviera relacionado con algún delito o que las hubiera comprado con dinero blanqueado. Si hubiera sido así, ha asegurado que habría trascendido la "esfera privada" de González para impactar "directamente" en BBVA "causando un enorme daño reputacional" al banco.

LOS INFORMES 'RICK'

La defensa de González ha aducido también como motivo de impugnación que García-Castellón no explica suficientemente por qué le imputa este nuevo delito, reprochando al juez que se limita a reproducir lo reflejado por el Ministerio Público en su escrito. En consecuencia, ha denunciado, "esta representación se ve obligada a realizar un ejercicio de imaginación para poder adivinar, intuir o presumir a qué hechos concretos se refiere el auto recurrido".

Ha supuesto, en base a la comparecencia judicial del propio Gortari la semana pasada, que obedece a las gestiones realizadas sobre tres fincas. Para una de ellas, ubicada en El Escorial, se habrían encargado dos informes a CENYT, la cabecera del grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo, dossieres que el policía denominó 'Rick'.

Sobre esto, ha sostenido que "jamás" encargó la elaboración de dichos informes a CENYT, aseverando que se ha enterado de que existen cuando se han incorporado a la causa, por lo que --ha enfatizado-- desconoce que se le pagara dinero alguno por ello.

El abogado del ex presidente del BBVA ha añadido que entre 2013 y 2014 Gortari habría realizado una serie de gestiones con Antonio Béjar, de la unidad inmobiliaria del banco, para recabar información sobre la finca de El Escorial y sobre otra sita en Mallorca y una tercera radicada en Marbella.

Para las dos últimas, según una serie de correos electrónicos que forman parte de la investigación judicial, ha manifestado que "se pidió un informe de tasación a un proveedor externo", la empresa Sociedad de Tasación, "que nada tiene que ver con CENYT", y por el que pagó Belgar Inversiones, propiedad de González.

Todo ello, ha recalcado González, ha sido confirmado "palabra por palabra" por Gortari en su declaración del pasado 15 de julio y en la investigación interna llevada a cabo sobre este asunto en su día.

HECHOS PRESCRITOS

Teniendo en cuenta este hilo temporal, González ha indicado que, en todo caso, los hechos que podrían constituir administración desleal están prescritos porque cuando se habrían cometido este delito estaba vigente en el tenor del antiguo artículo 295 del Código Penal, que establecía un máximo de cinco años para perseguirlo, siendo el auto recurrido del martes.

Siguiendo este razonamiento, ha concluido que el ex jefe de la entidad financiera tampoco podría ser investigado por el actual 252.1 porque entonces no estaba vigente, de modo que, si se aplicara ahora, sería una retroactividad "en perjuicio del justiciable", prohibida por el derecho penal.

Ha advertido además de que el Ministerio Público "carece de legitimación por sí solo para poder iniciar una investigación penal por este delito" porque el 295 exigía como requisito que hubiera una denuncia previa del perjudicado, que en este caso sería BBVA y no la ha formulado.

Este asunto se enmarca en la pieza separada número 9 del caso 'Tándem', en la que se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.