Los funcionarios del Registro Civil Central han pedido este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja su Departamento, todavía en proceso de debate, y han denunciado que la reforma convertirá el registro en un "negocio privado y especulativo al servicio de la familia y parientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro".  

  En una concentración esta mañana ante el Registro Civil Central, situado en la madrileña Plaza de Jacinto Benavente, los sindicatos de Justicia con representación nacional, CSIF, CCOO, UGT y STAJ, han exhibido una gran pancarta denunciando que Gallardón acaba con la justicia para todos.  

  Así, en torno al 70 por ciento de la plantilla del Registro Civil Central se ha concentrado entre las 10.30 y las 11.30 horas para corear consignas contra el Gobierno, el titular de la cartera de Justicia y la privatización del servicio.   

   En declaraciones a Europa Press, el representante de acción sindical del sector de Justicia de CCOO, Javier Hernández, ha señalado que los sindicatos han preparado un "escenario de confrontación" con el Gobierno y el Ministerio "paulatino, creciente y de movilizaciones" con la intención de parar el Anteproyecto de Ley, que "convierte al Registro Civil, que es un derecho fundamental de los ciudadanos, en un negocio privado y especulativo al servicio de familia y parientes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia".  

  "Eso es inaceptable", ha enfatizado Hernández, al tiempo que ha advertido de que la reforma es una "prebenda" a un familiar, lo que "en cualquier país democrático es un delito" y en España, según ha recordado, está tipificado en el artículo 428 del Código Penal. "Un ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos y un ataque al empleo público, sólo por la defensa de intereses mezquinos y privados de Ruiz-Gallardón y de Rajoy", ha enfatizado.

PAGAR POR DERECHOS FUNDAMENTALES  

  En esta línea, ha indicado que con esta reforma "los ciudadanos van a  tener que pagar por derechos fundamentales que hoy son gratuitos, como debe ser". "No es que sean gratuitos por una dádiva del Gobierno, sino porque es un derecho inalienable en una democracia como España. Esto no ocurre en ningún país de la Europa democrática, que se ceda a intereses privados la gestión de un derecho público de los ciudadanos. Además, va a conllevar la pérdida de miles de empleos", ha argumentado.

   También, el presidente nacional del área de Justicia del sindicato de funcionarios CSIF, Francisco Lama, ha denunciado que el Registro Civil Central "en breve será de uso privado" y "dejará de ser un servicio público".  

  "Por parte del Ministerio de Justicia, en una reunión informativa que tuvimos el pasado 7 de febrero con el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, se nos juró y perjuró que los actos iban a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos, pero, por lo que sabemos a día de hoy, esos actos inscribibles van a incrementarse lo que va a suponer un coste para el ciudadano", ha explicado Lama.  

  En este sentido, Lama ha asegurado que el sindicato está "lógicamente" en defensa del servicio público". "Entendemos que el Registro Civil es viable con la situación actual. Lo único que tienen es que invertir más dinero tanto en medios personales como técnicos para que esto funcione", ha remachado.   

Sobre la digitalización del registro que prevé el borrador, ha asegurado que la informatización "se puso ya en marcha por el Ministerio de Justicia y ahora van a hacer uso de ello, si este proyecto sigue adelante, los registradores".

  "El mal del Registro Civil es que, desde su constitución prácticamente, siguen existiendo las mismas plantillas y los medios tecnológicos de los que se dotaron no eran suficientes para acometer el trabajo diario", ha aseverado Lama, para después añadir que "si el Ministerio realmente quiere que esto funcione, lo que tiene es que invertir en más medios, pero de ninguna manera pasa por dárselo a que lo gestione otra gente que no son los actuales funcionarios de la Administración de Justicia"

. EL REGISTRO DEBE SER DEL ESTADO

   Por su parte, el responsable de Justicia de la FSP-UGT, Carlos Paniagüa, ha insistido en que los registros civiles son un "servicio público fundamental en un Estado de Derecho, que no debería privatizarse, sino ser precisamente del Estado".   

"No solamente es la cuestión de los trabajadores de que se pierdan plazas, aunque den garantías de que no se va a perder ninguna, sino simplemente como ciudadanos porque es algo que no se debe consentir", ha subrayado.  

  Por último, la coordinadora nacional de STAJ, Emilia Rubio, ha criticado que la reforma va a "pasar los registros civiles a los registradores de la propiedad". "¿Son funcionarios públicos? Sí, pero también es un negocio porque son privados y, además, es un colectivo que recibe aranceles y que su personal no es un profesional de justicia", ha destacado.  

  Así, Rubio ha recordado que los funcionarios de justicia tienen "un deber de secreto, una serie de condiciones laborales específicas y provisionales", al tiempo que ha lamentado que "una vez hecha" la inversión en el registro civil, "se lo pasan a los registradores de la propiedad".   

"Los propios medios de comunicación dicen que en esta reforma está también el hermano de Rajoy, casualmente. Falta transparencia y están manipulando totalmente la justicia para ir la pasando a un negocio que los ciudadanos pagan", ha sentenciado Rubio.