Viernes, 03 de mayo de 2024
Adenda a la nueva antología del disparate del peor ministro de justicia de la historia de España
Gallardón: Haber militado en un partido no inhabilita para cargos de responsabilidad
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha pronunciado este viernes respecto a la polémica generada por el hecho de que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, militara en el PP entre 2008 y 2011, señalando que el haber militado en un partido político "no inhabilita para el ejercicio de ningún puesto de responsabilidad".
"No podemos establecer una limitación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución más allá de lo que establecen la Constitución y las normas que la desarrollan", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Gallardón ha indicado que ese supuesto "se viene dando en los órganos constitucionales del Estado desde hace muchísimo tiempo", tanto en el TC como en el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, y ha puesto como ejemplo que él mismo se tuvo que dar de baja en el PP cuando se incorporó a la carrera fiscal y posteriormente volvió a ingresar en el partido.
"Esa es la realidad sobre la que ha operado nuestro sistema democrático, y en ningún momento el hecho de haber militado en una formación política" ha sido "objeto de cuestión ni motivo de recusación", ha subrayado el ministro antes de recordar que además el TC no forma parte del poder judicial, sino que es un órgano constitucional propio.
DESPOLITIZACIÓN
En este contexto, Gallardón ha asegurado que el Gobierno, por "indicación expresa" del presidente Mariano Rajoy, siempre ha respetado "escrupulosamente" el principio de la despolitización de los órganos constitucionales, que significa que "las decisiones del poder judicial nacen y se ejecutan dentro del poder judicial, y las del Tribunal Constitucional nacen y se ejecutan en el propio Tribunal Constitucional sin ninguna interferencia por parte del poder ejecutivo".
La despolitización no consiste, ha aclarado, en "analizar los curricula de las personas para excluir o incluir en función de ese propio curriculum", sino en "el respeto que por parte de un poder del Estado se tiene que tener a los otros poderes y a los propios órganos constitucionales".
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