El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha preguntado a la portavoz del PSOE en materia de Igualdad en el Congreso, Carmen Montón, por qué critica al PP con reformar la Ley del Aborto y le tacha de "retrógrado", si lo que el Gobierno pretende emprender es seguir la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) de 1985, tal y como hizo Felipe González cuando fue jefe del Ejecutivo.  

  En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gallardón ha respondido así a las críticas de Montón, quien ha insistido en que es "retrógrado y peligroso" retroceder a la doctrina del TC de 1985, a la vez que ha resaltado que ninguna mujer en esos 25 años fue a la cárcel y ninguna mujer lo hará con una ley aprobada por el PP.  

  Así, Gallardón ha insistido en que la reforma que el PP pretende emprender sigue la línea del TC de 1985, tal y como acató también el actual secretario general del PSOE cuando fue ministro de González en los años ochenta y noventa, Alfredo Pérez Rubalcaba.   

 En este sentido, ha detallado que el Ejecutivo popular no va a retroceder ni en la defensa de los derechos de la mujer, ni tampoco en los derechos del concebido y no nacido, y sí va a buscar una solución jurídica en el caso en el que ambos entren en conflicto. "Sí que es un retroceso eliminar uno de esos dos derechos", ha destacado.

   Es más, ha subrayado que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha mantenido el consenso desde 1985, hasta que el PSOE decidió revisarla y cambiarla en 2009 y "sin pactar".

SIN PROTECCIÓN PARA EL NO NACIDO

   Igualmente, ha reprochado que el PSOE vulneró esa doctrina al establecer el sistema de plazos porque sólo así, a su juicio, el concebido no nacido perdía toda protección. "Lo que hicieron era romper la doctrina del TC que decía que el derecho de interrupción del embarazo lo tenía en aquellos supuestos el conflicto equiparase a los dos valores jurídicos protegidos", ha remarcado.   

 A diferencia del PSOE, Gallardón ha señalado que el PP ofrecerá a esas mujeres inmigrantes, con discapacidad o menores, alternativas frente a la interrupción del embarazo, mientras que los socialistas sólo ofrecían la Ley del Aborto. "Nosotros les vamos a decir que tienen derecho a la maternidad", ha sentenciado.

   Montón, por su parte, ha cuestionado ante el Pleno del Congreso si cree o no que se retroceden 25 años en los derechos de las mujeres con la anunciada reforma. Es más, ha preguntado a Gallardón si lo que el PP quiere es que las mujeres se encuentren en una situación "más restrictiva y peligrosa" que el debate de 1985.

 REFORMA DEL ABORTO   

 El Gobierno ha prometido reformar la Ley del Aborto de acuerdo con la Doctrina del Tribunal Constitucional de 1985 para resolver los problemas que, a juicio de los populares, mantiene la vigente normativa. La modificación de la norma correrá a cargo de los Ministerios de Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El primero tramitará la reforma, pero el segundo llevará a cabo los estudios pertinentes para su modificación, por lo que ambos trabajarán coordinadamente.   

Precisamente, el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó la pasada semana que la anunciada reforma fijará una serie de "supuestos" y no de plazos, como la actual, un hecho que no se traduce en que se vaya a restablecer la Ley de 1985, sino que se va a desarrollar una nueva legislación que supere las deficiencias de las anteriores.   

Aunque todavía no se han comenzado los trabajos de la norma, cabe recordar que la Ley de 1985 establecía tres supuestos en los que se despenalizaba esta práctica: en caso criminológico (violación), dentro de las primeras 12 semanas; en caso de que fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada sin límite en las semanas de gestación; o en caso de que el feto pudiera nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación.   

 El PP ya reclamó volver a la doctrina del TC de 1985 cuando presentó en 2010 su recurso contra preceptos de la actual legislación que establece una ley de plazos para el aborto. En su argumentación, el PP toma de nuevo como "punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se establece la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación".