Tras reconocer que fue una "conversación-discusión" porque Zapatero y él no comparten "puntos de argumentación", el primer edil madrileño ha explicado que él expuso al presidente del Ejecutivo central "la realidad" y le solicitó "exclusivamente un trato semejante para las ciudades y los municipios que el que el Gobierno se da a sí mismo y a las comunidades autónomas".  

  "Fue única y exclusivamente una petición de equidad, de ecuanimidad, en el funcionamiento de las diferentes administraciones públicas", ha apuntado, explicando que no es comprensible que mientras el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas generan el 95 por ciento de la deuda, sean las corporaciones locales las castigadas por su escueto 5 por ciento.

   Así, ha asegurado que no solicitó "más deuda, ni autorización para déficit ni modificar ningún parámetro de austeridad", pero exigió sin embargo que también las corporaciones locales puedan refinanciar la deuda vencida como hacen comunidades autónomas y Estado.   

"Creo que es un criterio razonable, y me consta que otros alcaldes de otras formaciones políticas, incluido el PSOE, coinciden con este criterio. No hay un discurso partidario en pedir que a los ayuntamientos se nos trate igual que el Gobierno se trata a sí mismo y a las comunidades autónomas; está por encima de cualquier ideología y es única y exclusivamente una petición de equidad y ecuanimidad en el funcionamiento de las administraciones públicas", ha señalado.  

  Para argumentar estas exigencias, Zapatero pidió al primer edil madrileño que remitiera un documento a la Presidencia del Gobierno, cosa que Gallardón hará "naturalmente", con el deseo de que "se pueda encontrar un punto de acuerdo para todos los ayuntamientos de España".   

En principio no hay prevista una reunión con el presidente para tratar el documento municipal. "Se remitirá cuando se termine, y la posterior discusión se hará en la forma que lo quiera plantear el Gobierno. Lo importante no son las formas, que son puramente anecdóticas, sino los contenidos", ha subrayado.

ESCRITO EN QUINCE DÍAS   

Sin embargo, en algunos medios de comunicación se ha elucubrado con que ese ofrecimiento al diálogo del presidente del Gobierno no es más que un gesto para aplacar al alcalde de la capital. "Mi obligación es pensar que no es un gesto a la galería y esperar al análisis y la respuesta del Gobierno de España a nuestra propuesta", ha replicado el primer edil.  

  Así, aunque por "lealtad institucional" se ha negado a abundar en detalles sobre el documento que enviará o ser "pesimista" y hacer "hipótesis que podrían resultar negativas", Gallardón sí ha reconocido tener "previstas otras situaciones".  

  "Prefiero confiar en que seamos capaces de convencer al Gobierno para buscar una vía de solución antes del próximo 1 de enero con el razonamiento de todos, porque ésta no es una argumentación exclusiva de una ciudad o un alcalde, sino que está apoyada también por otros alcaldes de otras formaciones políticas", ha apostillado.  

  Asimismo, ha preferido no hacer lecturas sobre los motivos que se podrían esconder tras esta decisión del Ejecutivo central, quizás en clave electoral. "No voy a entrar en las motivaciones de por qué se ha establecido esta discriminación a las corporaciones locales y se ha excluido del sistema al 95 por ciento del generador de la deuda --Administración central y comunidades autónomas--, pero sí puedo asegurar que prácticamente la totalidad de los alcaldes del PSOE con los que hemos hablado son plenamente coincidentes con estos planteamientos y tampoco entienden por qué se niega a los ayuntamientos lo que se permite al Gobierno y las comunidades", ha señalado.

DEUDA EXCESIVA   

Finalmente, Gallardón también ha rechazado una vez más que el Consistorio madrileño esté excesivamente endeudado, recordando que "el peso de la deuda en la carga financiera es perfectamente asumible" y "los ratios deuda-PIB, muy inferiores a los de administraciones homogéneas en presupuesto y habitantes.

   "No tenemos ningún problema con el pago de la deuda, absolutamente ninguno. El problema que tenemos todos los ayuntamientos es que se ha establecido un mecanismos que no permite refinanciar la deuda que vence cada año, lo que genera problemas de liquidez y tensiones en tesorería", ha explicado.  

  Es decir, que aunque ahora Madrid "paga menos deuda en proporción al presupuesto que hace quince años", la prohibición de renegociar algunos créditos con los bancos ha obligado al Ejecutivo municipal a destinar dinero de la caja a amortizar parte de esa deuda. Un dinero que, de otra manera, se habría utilizado para pagar a proveedores.  

  "Aunque tuviéramos cero duda tendríamos la misma situación", ha afirmado el regidor madrileño, asegurando a renglón seguido que, en cualquier caso, no se dejarán de pagar nunca las nóminas de los empleados municipales ni los servicios sociales, sino que sólo se está retrasando el pago de la deuda comercial, es decir, a las empresas concesionarias de servicios.

   Por ello, también ha reiterado su petición de que se active la Línea ICO de pago a proveedores aprobada por el Congreso del los Diputados. "En los meses que lleva vigente y los que estará (hasta que el PSOE consiga cambiar la Ley de Morosidad), es una obligación legal del Gobierno y su incumplimiento deriva en responsabilidad para el Gobierno", ha recordado.

   Finalmente, ha deseado que el PNV no apoye la intención de los socialistas de modificar la Ley de Morosidad, acabando definitivamente con esta línea.