El titular de Justicia ha elevado al Gobierno las conclusiones que ha elaborado la Comisión de expertos sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces y que trasladará desde esta "misma tarde" a los grupos parlamentarios para lograr el máximo consenso en aspectos como el sistema de elección de los vocales.

   Ha emplazado a tener "sentido de Estado" siguiendo criterios donde "sólo la política se puede escribir con mayúsculas y no con minúsculas" y ha añadido que se pedirá el informe preceptivo al actual CGPJ y el Consejo de Estado.  

  Este trabajo ha sido presentado antes que el resto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial por una razón de "cumplimiento de plazos", con el fin de poderla aprobar antes de que venza el plazo de renovación del Consejo en septiembre de 2013 y evitar una "situación de prórroga", como la producida en órganos como el Tribunal Constitucional. 

  DEDICACIÓN EXCLUSIVA  

  Entre las principales novedades que ha propuesto la Comisión institucional, Gallardón ha detallado que el modelo "fortalece la condición de presidente" del Tribunal Supremo, quien será el único miembro que tenga dedicación exclusiva y deberá ser magistrado del alto tribunal para poder ostentar el cargo.

   Los 20 vocales compaginarán su cargo con la función jurisdiccional o con su profesión si son de designación parlamentaria. Acudirán a las convocatorias y al Pleno y recibirán las dietas correspondientes, siendo retribuidos en sus destinos de origen o profesiones respectivas.  

  Para ser elegido presidente del Supremo será necesario ser presidente de Sala con una antigüedad en esa categoría de, al menos, de 3 años, o un jurista de reconocido prestigio con 25 años de experiencia para poder serlo. "Lo que hacemos es llevar la excelencia a la presidencia del Supremo", ha dicho.

   En relación con el cambio en el sistema de elección de los 12 vocales de adscripción judicial, el ministro ha hecho hincapié en que considera "extraordinariamente importante" lograr el máximo acuerdo entre las fuerzas políticas, aunque los "populares" tengan mayoría en las Cortes.

   Actualmente, el órgano de gobierno de los jueces cuenta con 20 vocales, de los que 12 son jueces y magistrados elegidos por Congreso y Senado a propuesta de las asociaciones judiciales y los ocho restantes son "juristas de reconocida competencia" que también son elegidos a partes iguales por las dos Cámaras. El presidente es elegido por el Pleno electo.  

  La propuesta inicial de Gallardón, que ha manifestado someter al "máximo consenso" en su tramitación parlamentaria, consiste en que 12 de los vocales sean elegidos por los propios jueces y magistrados, en vez de por el Parlamento.  

 SUPERVISIÓN DE ACTIVIDAD INTERNACIONAL

   En relación con las competencias, el ministro ha asegurado que se mantendrá la "plena autonomía" del Consejo en aquello que la Constitución le reserva, es decir, en nombramientos, ascensos, inspección y en el régimen disciplinario.   

 En este contexto, ha explicado que la actividad internacional deberá ser coordinada previamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

   Según ha dicho, se sugiere "una reducción muy importante" del número de comisiones, rebajándolas "a aquellas competencias que la Constitución establece propias del CGPJ".   

 El órgano ejecutivo será la Comisión Permanente, que se integrará por el presidente y cuatro vocales que serán elegidos anualmente y donde cabrá la rotación entre los 20 miembros, sin que se establezca ninguna limitación en cuanto a la reelección. Los acuerdos serán recurribles directamente en vía jurisdiccional para dar mayor agilidad al funcionamiento.  

  Se plantea la existencia de otras dos comisiones, la Disciplinaria y la de Igualdad, por lo que el cometido de las áreas que desaparecen será asumido -"fundamentalmente la de Calificación"- por la Comisión Permanente.

   La Comisión Disciplinaria se modificaría al crear la figura del "promotor de la acción disciplinaria" para garantizar los derechos fundamentales de la Carrera Judicial.

   "Se sustituye el actual sistema que es prácticamente inquisitivo por un sistema acusatorio", donde un magistrado elevará una propuesta de sanción disciplinaria a la Comisión que se constituye como un verdadero tribunal.  

  "MAYORÍA SIMPLE" Y LEY DE TRANSPARENCIA   

Además, se crea la figura del vicepresidente del Supremo, que evitaría la situación actual de "dualidad" puesto que los sustitutos del Consejo y del Supremo serían distintos. Igualmente, se constituye un cuerpo de letrados en el CGPJ y se simplifica el sistema de mayorías de manera que, por regla general, las decisiones sean adoptadas por mayorías simples.   

 Otro de los ejes de la reforma gira en torno a la transparencia. Así, Gallardón ha afirmado que el CGPJ estará sometido a la Ley de Transparencia  en los mismos términos previstos para el resto de órganos constitucionales. "Eso significa -ha dicho- una información institucional organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y económica presupuestaria y estadística".

    "Las retribuciones y dietas se fijarán en la Ley de Presupuestos, las transferencias de créditos se harán en los supuestos autorizados, que estará sometido a controles internos", ha indicado. El primer presupuesto del nuevo Consejo se hará "en base cero" para justificar "ex novo" todas las necesidades económicas.