En la misiva, fechada el miércoles 3 de marzo, Garicano expresa su preocupación por "la eliminación de controles contra la corrupción" en el decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convalidado por el Congreso de los Diputados finales del pasado enero.

"En su esfuerzo por acelerar la tramitación y la ejecución de los mas de 140.000 millones de euros que España podría recibir", la norma que regula la gestión de estos fondos "obvia o directamente suprime controles clave que tienen por objetivo prevenir y luchar contra la corrupción y el fraude", señala.

A su juicio, la Comisión Europea podría verse forzada, "incluso contra su voluntad", por el Consejo Europeo o por los tribunales a "denegar a España los fondos por falta de controles". Por ello, solicita a Calviño que "reconsidere y examine la posibilidad de modificar el real decreto ley aprovechando su tramitación como proyecto de ley" en el Congreso. "Está en juego el futuro de nuestro país", recalca.

DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO

En su carta, Garicano cita varios extractos del dictamen que el Consejo de Estado emitió a finales de diciembre sobre el texto del decreto ley que le remitió el Gobierno, en los cuales este órgano consultivo muestra su inquietud por varios asuntos. El Gobierno, sin embargo, asegura que antes de aprobar el decreto en el Consejo de Ministros incorporó todas las recomendaciones "esenciales" del informe.

El eurodiputado de Cs destaca que, según el Consejo de Estado, en el expediente entregado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se incluyeron los informes emitidos por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio proponente y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de este departamento, a los que se hace referencia en el preámbulo del proyecto y en la memoria que lo acompaña.

Además, recuerda que al órgano consultivo no le pareció acertado que "la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos".

En tercer lugar, Garicano subraya que el dictamen insiste en "la necesidad de extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos" y advierte de que la solución que plantea el Gobierno "no se considera la más adecuada, puesto que supone una dejación de las funciones que les corresponden a los órganos de la Administración encargados de la contratación y de la supervisión de los proyectos de obras, trasladando a los licitadores la obligación de supervisar minuciosamente el proyecto".

Por último, resalta que el Consejo de Estado cuestiona "la opción de suprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción" de convenios, sobre todo "en lo que atañe a la supresión para todo supuesto de la autorización de la ministra de Hacienda".

RIESGO DE CASOS DE CORRUPCIÓN

Ante estas "graves deficiencias" en el decreto ley, el también vicepresidente y coordinador económico del grupo parlamentario Renew Europe manifiesta su temor de que España "gaste mal los fondos europeos, en un proceso potencialmente plagado de corrupción", y de que el Plan de Recuperación que el Gobierno deberá presentar a Bruselas el próximo mes no sea aprobado.

Garicano, que fue uno de los negociadores, por parte del Parlamento Europeo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, precisa que estas normas exigen unos requisitos esenciales para que un plan pueda ser aprobado; entre ellos, que haya mecanismos para la prevención, detección y corrección de la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses en la utilización de los fondos europeos.

Para evaluar esto, la Comisión Europea comprobará, entre otras cosas, que "el sistema de control interno descrito en el plan de recuperación y resiliencia se base en procesos y estructuras sólidos e identifique a agentes (organismos/entidades) claros, determinando sus funciones y responsabilidades para el desempeño de las tareas de control interno; en particular, que garantice una separación adecuada de las funciones pertinentes".

El eurodiputado explica que este criterio solo puede dar lugar a dos calificaciones: una A si las disposiciones son adecuadas o una C si las disposiciones son inadecuadas. "En caso de recibir una C, el plan automáticamente debe ser rechazado", añade.