El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, se sentará a partir de este martes en el banquillo para encarar el primer juicio de los que tiene pendientes en el Tribunal Supremo.

 Las acusaciones particulares piden que sea inhabilitado hasta un máximo de 17 años por intervenir conversaciones que los implicados en la trama Gürtel mantuvieron en prisión con sus letrados.

   Este proceso, en el que la fiscal Pilar Fernández Valcarce no presenta acusación por no ver delito, es el primero que concluye en vista pública de los tres que Garzón tiene abiertos en el alto tribunal.  

  A finales de este mes el popular magistrado tendrá que responder de una presunta prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias y aún está por decidirse si se le abre juicio oral por unos cobros que habría presuntamente recibido del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.   

 Las acusaciones las ejercen el abogado Ignacio Peláez (ex fiscal de la Audiencia Nacional y defensor del imputado en Gürtel José Luis Ulibarri) que pide que Garzón sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, que solicitan que dicha inhabilitación sea de 17 años.  

  La defensa de Garzón, que ejerce el también ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha intentado hasta el último momento evitar la celebración esta semana de una vista que, a su juicio, se desarrollará ante un tribunal que adolece de la imparcialidad necesaria.

 GRAN EXPECTACIÓN  

  La celebración del primer juicio contra Garzón, conocido mundialmente por decisiones como la de pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet durante su estancia en Reino Unido o la de procesar a Bin Laden, ha despertado gran expectación mediática dentro y fuera de España.   

 Más de un centenar de periodistas procedentes de 40 medios de comunicación nacionales y de otros 30 medios extranjeros se han acreditado para cubrir el juicio, que se desarrollará en principio los días 17, 18 y 19 de este mes.   

 La convocatoria también ha motivado la convocatoria de protestas por parte de grupos de apoyo al juez. La semana pasada medio centenar de personas se concentraron frente al Tribunal Supremo encabezadas por el poeta Luis García Montero, y mañana, coincidiendo con el primer día de la vista, se ha convocado una nueva concentración en el mismo lugar.  

  Es previsible que el juicio se extienda a lo largo de tres sesiones de mañana, siempre dependiendo del propio desarrollo de las cuestiones previas, los testimonios, la prueba documental y los informes finales. Además, es previsible que la primera jornada se consuma con la exposición de cuestiones previas por parte de la defensa de Baltasar Garzón.

 RECUSACIONES RECHAZADAS.  

  El pasado martes, tanto el Supremo como el Tribunal Constitucional dieron al traste con el último cartucho de que disponía la defensa de Garzón para retrasar el juicio. El primero rechazó "a limine" apartar del tribunal que juzga este caso al magistrado Luciano Varela (instructor de la causa contra Garzón por la Memoria Histórica), mientras que el Constitucional hizo lo propio con respecto a Manuel Marchena (instructor del asunto de los cobros en Nueva York).

   Además de Marchena y Varela, el tribunal que debe juzgar a Garzón por supuestos delitos de prevaricación y contra los derechos constitucionales está integrado por Joaquín Giménez, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Manuel Berdugo.   

Se trata de el segundo tribunal designado para juzgarle después de que el pasado 12 de diciembre la Sala del artículo 61 aprobara, por trece votos a favor y dos en contra y con el criterio favorable de la Fiscalía, admitir la recusación planteada por la defensa contra cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal que conformaban la sala inicial.

   Días más tarde, Garzón se deberá enfrentar el 24 de enero al inicio del juicio por un delito de prevaricación por investigar presuntamente sin competencia los crímenes del franquismo. Esta causa es la que suscitará una mayor cobertura mediática y a la que previsiblemente se acreditará un mayor número de medios, según fuentes del alto tribunal.