En rueda de prensa, Mato ha explicado que se han constituido cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.  

  Estos grupos deberán tener sus "primeras propuestas" listas este mes de abril y las conclusiones en el mes de mayo, para que el Consejo Territorial del ramo debata y apruebe las iniciativas en el mes de junio. En paralelo, las comunidades ultimarán un balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en sus territorios que remitirán al Ejecutivo en los próximos días para disponer de una evaluación global del sistema, aunque este jueves la ministra ha presentado un avance.

   Según ha dicho, el primer estudio que ha realizado el Ejecutivo sobre la aplicación de la norma le ha llevado a concluir que es un "laberinto normativo" en el que "las situaciones que se consideraban excepcionales se han convertido en la norma" sin que con ello se haya mejorado la calidad de la atención, cuya calidad "no se garantiza" porque las prestaciones económicas "no aseguran las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes".  

  Sobre este asunto, ha señalado que de los grupos de trabajo se deducirá por qué priman en España las prestaciones sobre los servicios y se actuará en consecuencia. Con todo, ha destacado la importancia de "conjugar esfuerzos" entre los servicios sociales y sanitarios para reducir costes en la prestación de asistencia no económica a las personas en situación de dependencia.

   Además, Mato ha afirmado que la Ley "no ha contribuido a crear empleo sino todo lo contrario" porque se perdieron 8.305 puestos en servicios sociales el año pasado, que su aplicación ha provocado "la construcción de 17 sistemas distintos" de dependencia en las comunidades autónomas y que, en general, está basada en "el desfase entre las previsiones en número de dependientes -se preveía 1,7 millones para 2015 y ya son 1,5 millones- y de financiación".   

 En su opinión, esta situación hace necesario "adecuar la normativa actual a la situación de la dependencia y establecer criterios comunes y aspectos básicos tanto en el baremo de valoración como en otras cuestiones". "Hay que modificar todos los criterios de la dependencia", ha señalado.  

  La ministra ha incidido además en la necesidad de "recuperar el principio de prioridad en la atención a las personas" y "potenciar la utilización de cuidadores familiares cuando así lo requieran las familias que quieren tener a la persona dependiente en su casa, pero siempre que esta persona pueda estar bien atendida en su domicilio" ya que, conforme ha señalado, "algunas veces queda al cuidado de una persona que no tiene la cualificación suficiente".

 SIN NIVEL ACORDADO  

  En cuanto a la financiación, Mato ha reconocido que distintos consejeros del ramo le han transmitido su preocupación por el recorte en este ejercicio de los 283 millones de euros del nivel acordado -fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para completar la financiación del SAAD-, ante lo que la ministra ha recordado "la situación económica de España fruto de la herencia recibida" y ha llamado a la eficacia en la gestión.

"Deben hacer un especial esfuerzo y priorizar como ha hecho el Gobierno", ha señalado, en relación a las dificultades planteadas por comunidades como Canarias sobre la viabilidad del sistema.  

  Asimismo, ha incidido en que este ejercicio se mantiene el presupuesto global para Dependencia, que ahora supone el 61% del total de los fondos de que dispone el ministerio, y ha destacado que si bien el Gobierno ha hecho un ajuste, a la vez ha aplazado la incorporación de nuevos dependientes moderados al sistema, "relajando" la presión sobre las comunidades autónomas.