La renuncia de José Antonio Griñán a su acta de senador autonómico por Andalucía tendrá como consecuencia directa su pérdida de la condición de aforado ante el Tribunal Supremo en la causa en la que este órrgano investiga el fraude en las ayudas socio-laborales concedidas por la Junta entre 2000 y 2010.

   La defensa de Griñán, que ejerce el abogado José María Mohedano, desvincula la decisión de su cliente de sus inevitables consecuencias procesales y la justifica por el interés personal del exmandatario de contribuir a la elección de Susana Díaz al frente Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos, que ha pedido reiteradamente su dimisión y la del también expresidente Manuel Chaves como medida de regeneración democrática.

   Una vez el senado acepte la renuncia, lo que ocurrirá en las próximas horas según ha manifestado el letrado a Europa Press, el próximo paso será que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirija a la cámara alta para que le sea certificada esta situación y pueda adoptar una decisión al respecto. Este será, previsiblemente, la remisión de lo actuado hasta ahora respecto a Griñán al juzgado que inició las acuaciones, que es el de Instrucción número 6 de Sevilla.

   Para cuando ello ocurra el juzgado sevillano ya no estará en manos de la juez Mercedes Alaya, que fue la que remitió la exposición razonada contra Griñán y los otros cuatro aforados en la causa. Mañana, 16 de mayo, esta prevista la llegada a este órgano judicial de su nueva titular, María Núñez Bolaños, quien en principio será la nueva instructora del caso.

   La situación, no obstante, es algo más complicada de lo que en principio parece puesto que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado proponer que la propia Mercedes Alaya y Álvaro Martín -que ha actuado ya de refuerzo en el Juzgado número 6 de Sevilla- ocupen las dos comisiones de servicio aprobadas para reforzar este órgano judicial.

   El reparto de tarea en el juzgado dependerá ahora de la nueva titular, si bien no es del todo descartable que Núñez Bolaños opte por encomendar la finalización de la instrucción a Alaya, tal y como ella ha solicitado de forma reiterada al TSJA.

POSICIÓN DEL SUPREMO

   De este modo, y a no ser que otros aforados pierdan tal condición, Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno seguirán siendo investigados por el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

   El pasado mes de marzo, este magistrado hizo público un auto en el que rebatía el argumento de las defensas sobre que los hechos que se instruyen en el alto tribunal sean diferentes de los analizados por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

   Negaba en dicha resolución que los hechos que él instruye no sean los mismos que investiga hasta ahora la juez Alaya. Para Jorge Barreiro, ambos procedimientos cuentan con aspectos comunes hasta el punto de que de no ser por el régimen de aforamientos que afectan a los cinco investigados en Madrid, "resultaría indiscutible que los hechos tendrían que verse en un solo procedimiento".

DOCUMENTACIÓN

   Por otra parte, el magistrado ha dictado una providencia para dar por recibidas cuarenta cajas con miles de folios de documentación presupuestaria sobre las ayudas socio-laborales que los abogados defensores consideran fundamentales para demostrar que el parlamento tenía toda la información para aprobar las ayudas socio-laborales del ddenominado programa 31.L.

   En su comunicación al Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press la juez Alaya afirma que no han podido ser escaneados y ha remitido la documentación original completa. También se ha remitido el informe de la Jefa de la Cámara de cuentas de Andalucía, contrario a las tesis de los peritos de la IGAE, que cuestionan el uso de las denominadas "transferencias de financiación" para dotar a las ayudas.

   Se trata de 40 cajas con miles de folios encuadernados en tomos, que contienen información solicitada al parlamento andaluz por la jueza Mercedes Alaya y remitidos por el legislativo andaluz con fecha 19 de agosto de 2014. Según las defensas, los documentos remitidos por el parlamento demuestran que el destino de cada partida presupuestaria destinada a ayudas sociolaborales estaba claramente establecido desde el principio.

   Las cajas contienen, entre otros documentos, la memoria del anteproyecto de ley, fichas presupuestarias, memorias de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas.