Domingo, 15 de junio de 2025
Griñán insta al Gobierno a aplicar en toda España el decreto ley andaluz
Griñán sigue con su "espérpentico" proyecto para "tapar" el caso de los ERES
En un videoblog publicado este sábado bajo el título "Proteger los derechos de los más débiles es una responsabilidad de todos", recogido por Europa Press, Griñán responde a las "dudas" expresadas por "algún miembro del Gobierno de España" en cuanto a la constitucionalidad o legalidad de esta normativa autonómica que establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de viviendas en determinados casos.
"Yo digo, muy fácil, que se aplique a toda España. Que el Gobierno coja esta norma y la haga extensiva a todas las comunidades autónomas en nuestro país, porque de esta forma no serán sólo los andaluces los que tendrán la protección, sino todos los españoles", ha apostillado.
Griñán realiza esta invitación desde su "convencimiento de que esta medida es plenamente legal y constitucional", remitiéndose a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada en 1987 con ocasión de la reforma agraria, que establecía que la función social de la propiedad es "una condición inescindible" de este derecho y, en segundo lugar, que es "plenamente constitucional la expropiación de uso de fincas que no eran puestas en cultivo", un supuesto que según afirma también es aplicable en el caso de la vivienda.
El presidente del Ejecutivo andaluz ha subrayado asimismo que este decreto "no es la última medida que va a tomar Gobierno andaluz en este terreno", sino que va a continuar legislando "porque la crisis dura ya muchos años y está produciendo mucha desigualdad y exclusión social" y es "misión del Gobierno andaluz seguir legislando para que aquellas personas que van cayendo en el camino y perdiendo esperanza encuentren la protección necesaria y suficiente por parte de la Administración".
Griñán ha recordado que este decreto que modifica la Ley de la Vivienda en Andalucía aprobada en 2010 pretende paralizar los desalojos en casos de riesgo de exclusión social, expropiando el uso de las viviendas en atención a su función social, y facilitando que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler, con incentivos a particulares y con sanciones a bancos e inmobiliarias que dejen sus pisos sin ocupar más allá de un determinado plazo
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